La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya tiene en sus manos la documentación relativa a los viajes al exterior del expresidente, Mauricio Funes y su esposa Vanda Pignato, pues el viernes se la remitió el juez asignado para ese cometido, Ramón Iván García, quien ya concluyó la labor que le encomendó el máximo tribunal de justicia en el país.
En su resolución sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para lo cual nombró al juez Ramón Iván García, no se limitó a los tipificados como misiones oficiales, sino que incluye, los que de forma privada realizó el exmandatario y la entonces primera Dama, Vanda Pignato, durante el periodo 2009-2014.
Dado que la Presidencia de la República incumplió la medida cautelar de proporcionarle toda la información relativa a los viajes al extranjero del entonces gobernante, la Sala encomendó al juez García exigir dicha información a los siguientes entidades del Estado: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración, Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos y a la de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, a la Autoridad de Aviación Civil, a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Inclusión Social, según la resolución judicial de fecha 9 de marzo de 2016.
Fuentes judiciales aseguraron que de las 12 instituciones a quienes el juez les requirió la información relativa a los viajes de Funes “aportaron toda la información solicitada, otras alegaron no tenerla o no ser de su competencia…”, dice un comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, el juez García, quien es magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, “cumplió con la comisión procesal encomendada por la Sala en tiempo, ya que desde que un inicio junto a su equipo se realizaron jornadas de más de 12 horas de trabajo para poder planificar, coordinar y ejecutar la búsqueda y obtención de la información, añade el comunicado, sin dar mayores detalles de la información requerida por el juzgador asignado.
No obstante, en su resolución la Sala ordenó a estas instituciones: “que exhiban, certifiquen y entreguen al Juez delegado, en el momento en que sean requeridos por éste, los documentos que estén resguardados en sus archivos, relativos a los viajes internacionales privados o en misiones oficiales –incluyendo la logística de seguridad y transporte– efectuados por el Presidente de la República y su esposa, durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014, así como toda la información concerniente a las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador en el mismo período”.
En la misma resolución la Sala de lo Constitucional ordenó certificar a la Fiscalía General de la República “sobre los hechos vertidos en el presente proceso de amparo, a fin de que ésta lleve a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y la deducción de responsabilidad”.
El proceso de amparo que alude la Sala fue promovido por un ciudadano ante la negativa del gobierno de Funes y del actual de Salvador Sánchez Cerén a declarar en reserva la información relacionada a los viajes de Funes, lo cual fue avalado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
¿Copia de información?
Al respecto el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que el Gobierno “diligenció” todo a estas instancias en cumplimiento de una orden de dicho tribunal.
Chicas agregó que están colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del aviso que hizo el gobierno para investigar el extravío de la información pero no respondió si Casa Presidencial hizo o no la copia de resguardo de estos, como lo señaló entre semana el comisionado del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), Jaime Campos, quien afirmó que esta instancia “fue notificada” sobre esta medida.
En su resolución del 9 de marzo la Sala de lo Constitucional determinó que la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, cuyo titular es Marcos Rodríguez, era la responsable de resguardar ese tipo de información dentro de la Presidencia de la República.
La documentación enviada por el juez asignado, Ramón Iván García, deberá ser analizada por la Sala de lo Constitucional.