El Estado salvadoreño manejó durante casi 30 años un sistema de reparto administrado por el ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) y el INPEP (Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos), el cual fue derogado en 1998, porque a juicio de varios economistas, no era sostenible financieramente en el tiempo.
El primer sistema de reparto se creó en 1969 y fue administrado por el ISSS, éste recibía las cotizaciones de los trabajadores privados a través del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En dicho programa la tasa de cotización era de apenas 3.5 %, de los cuales el 2 % lo ponía el patrono, un 1 % lo ponía el empleado y otro 0.5 % lo daba el Estado.
Un empleado podía jubilarse con un mínimo de 14.5 años cotizados y obtener una pensión de por vida equivalente al 55 % de su salario, aunque en la práctica sus ahorros solo acumulaban un total de 6.1 salarios mensual.
Y si la lograba cotizar 35 años, su pensión era equivalente al 80 % de su salario, de por vida.
Posteriormente, en 1975 se creó el INPEP, que aseguraría la pensión a los burócratas y más tarde, en 1978, a los docentes del sistema público.
En este régimen las tasas de cotización eran de 9 % para los empleados administrativos y de 12 % para los docentes.
Si se cotizaba el mínimo de 15 años, los trabajadores lograban acumular 16.2 salarios y si eran docentes, alcanzaban una cotización de 21.2 salarios, según un diagnóstico hecho por René Novellino, presidente de Asafondos, en 2013.
Con ese dinero, los trabajadores recibían entre el 50 y el 45 % de su último salario de por vida y lograban el 100 % de su sueldo si cotizaban 35 años o más.
El estudio contempla que después de jubilado un trabajador, el Estado tenía que pagarle unas 120 pensiones equivalentes a 54 salarios que superaban en más de la mitad los ahorros de una persona.
La presión de sindicatos por lograr más beneficios, se veía agravada por cambios maliciosos en las planillas para manipular el último salario del trabajador, con el objetivo de obtener una mayor pensión de por vida, lo que complicó los ingresos y egresos de estas instituciones.
“Es evidente que en el sistema público de reparto administrado por el ISSS e INPEP, había una enorme incongruencia entre el ahorro que realizaban los cotizantes y los beneficios a que tenían derecho”, señala un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades.
El dinero que tanto el ISSS como el INPEP recibían se depositaba en un fondo común que administraba el Estado y del que podía sacar dinero cuando quisiera.
Por este desbalance de ingresos y egresos, el sistema público de pensiones solo logró acumular, en casi 30 años, un total de $343 millones que se acabaron con gran rapidez cuando ya no hubo cotizantes que aportaran al sistema y que, según estudios, significó un déficit previsional de $11,000 millones, en ese entonces.
Más pensiones
Y por si eso fuera poco, el Estado decidía todos los años aumentar las pensiones de los beneficiarios para quedar bien con los ciudadanos.
Los archivos de este periódico dan cuenta de los aumentos de pensiones que significaban millonarias sumas de dinero para el Estado sin que el sistema mejorara su cobertura previsional.
En febrero de 1994, el entonces presidente del INPEP, Ricardo Alvarenga Valdivieso, aprobó un aumento de las pensiones en 13.5 %. Lo que significó aumentar las pensiones de 300 a 550 colones, más un auxilio funerario de 2,000 colones.
También hubo señalamientos de mala administración del dinero. Mario Ponce, diputado del PCN, señaló días atrás que en el sistema de pensiones público los funcionarios de ese entonces desviaron dinero de los cotizantes. “Se desviaron recursos (del INPEP y Seguro Social) a áreas que no tienen que ver con cotizantes y pensionados”, reiteró el parlamentario, quien consideró como uno de los “errores” del proceso, “trastocar las reservas técnicas del Seguro y del INPEP”.
Además, las inversiones que estas instituciones hacían con los fondos no eran suficientes, con el agravante que no existía un mercado de valores desarrollado.
De acuerdo a cifras oficiales, en 1990, las inversiones del ISSS se concentraban en un 75.6 % de depósitos a plazo fijo, pero su rendimiento real de colocación apenas era de 4.8 %, lo que no le generaba rentabilidad a la institución.
El INPEP, por su parte, tenía una cartera de créditos que incluía préstamos personales e hipotecarios y de depósitos a plazo.
En 1985, el gobierno de turno hizo reformas a la ley para que los cotizantes del INPEP se jubilaran cuando hubieran cumplido 35 años de cotización, pues era necesario que el sistema de reparto siguiera capitalizándose.