Para quienes protagonizaron la guerra la certeza que el conflicto tendría una “solución negociada”, que encaminaría al país hacia la paz, era una opción cierta y muy posible. Un líder de aquel entonces, que aún vive y a quienes muchos respetamos por su honradez y patriotismo, afirmó que esa convicción, acerca de la manera en la que finalizaría la contienda de los ochentas, les animó a quedarse en El Salvador y a descartar la idea de emigrar. Veintitrés años después de la firma en Chapultepec, con más de veinte muertos diarios, territorios en los que la autoridad ha perdido el control y con dos partidos mayoritarios que no encuentran coincidencias para solucionar el problema de la inseguridad, buena parte de los salvadoreños desean llevarse a su familia a otra nación. También el personaje de aquella época al que me referí se iría si estuviera en sus manos hacerlo.
Sin embargo no debemos juzgar la realidad nacional únicamente por el ambiente de violencia que la asfixia o por la falta de eficacia del gobierno en el cumplimiento de sus promesas electorales. La ola que cruza América Latina empujando a la transparencia, a la probidad, al acceso a la información pública y a la lucha contra la corrupción parece tocar con vigor las puertas de nuestras instituciones. Sin la presencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), similar a la guatemalteca, o de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en Honduras, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sección de Probidad, está sentando precedentes importantes para el ejercicio diáfano y cristalino de la función pública. Aunque ninguno de los funcionarios o exfuncionarios ha sido condenado, y todos merecen un debido proceso para probar la licitud de su patrimonio, el hecho que los magistrados actúen sin la imposición de una entidad foránea que les obligue a investigar supone un novedoso caso en el continente latinoamericano. Y es que la presión ciudadana está exigiendo una administración pública íntegra, recta e irreprochable en la que las entidades estatales respondan con prontitud y sin apremios extranjeros.
Ciertamente instancias como la CICIG o la MACCIH simbolizan garantías para el buen desempeño del sistema anticorrupción y su asentamiento en El Salvador no debería descartarse. Sin embargo es necesario que también existan referencias en las que los Estados, de manera voluntaria y sin condicionamientos, demuestren prontitud y diligencia en la aplicación de la justicia, responsabilidad en el proceder de las autoridades, respeto al derecho de inocencia de los señalados y severidad en las consecuencias si se demuestra la falta de corrección en la conducta de los servidores públicos.
Por otra parte, y continuando con los aspectos que deberían motivar a los talentos salvadoreños a quedarse o, en su caso, a regresar del extranjero, resulta que la comunidad internacional tiene cifradas grandes esperanzas en estas tierras. El Fomilenio II, el Asocio para el Crecimiento y la Alianza por la Prosperidad constituyen valiosos esfuerzos de la cooperación norteamericana para el desarrollo nacional.
También existe un empeño serio por parte de Estados amigos, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, que en público y en privado, reúnen a distintos líderes políticos, empresariales y sociales para persuadirlos acerca de la necesidad de un diálogo que permita identificar los mínimos necesarios para enfrentar a la delincuencia, al bajo crecimiento económico, a la falta de empleo y a la escasa atracción de inversión extranjera.
Adicionalmente debemos valorar los avances en la democracia electoral. No obstante los retos, que son varios y cuya falta de atención podría arriesgar “lo conquistado”, es innegable que desde hace más de dos décadas decidimos elegir a nuestros representantes a través del voto popular. La alternancia en el poder político está “puliendo” el papel de la oposición y el del partido de gobierno y seguramente terminará por depurar a los “malos políticos” tanto en los partidos mayoritarios como en los institutos pequeños.
En definitiva, si bien la inseguridad nos está sofocando, debemos continuar consolidando las instituciones y el Estado de Derecho para corregir el rumbo y contrarrestar la debilidad institucional y el crimen organizado.
*Columnista de El Diario de Hoy