El sistema de pensiones privado que hoy todos conocemos tuvo su origen en diciembre de 1996, cuando la Asamblea Legislativa aprobó con 54 votos la nueva normativa para que fueran empresas privadas las que manejaran el ahorro para el futuro de los salvadoreños.
Sin embargo, las AFP no funcionaron de lleno sino hasta 1998 cuando entró en vigencia dicha normativa, luego de que se hiciera todo un proceso para crear una Superintendencia de Pensiones y se establecieran las cinco empresas administradoras de fondos con las que se comenzó.
Con la nueva ley se crearon tres grupos poblacionales que se delimitaban por medio de sus obligaciones y beneficios.
El primero de ellos es el de los optados, que son los trabajadores de entre 36 y 50 (mujeres) o 55 (hombres) que pudieron elegir con cuál sistema previsional querían continuar ahorrando.
El segundo grupo fue el que se quedó en el sistema público. Estos eran los trabajadores que ya tenían más de 50 años (mujeres) o 55 años (hombres) y que por su avanzado tiempo de cotización, debían quedarse en el sistema administrado por el Estado.
El tercer grupo es el de los jóvenes menores de 36 años que trasladaron sus ahorros a una AFP para que éste administrara su dinero y les generara rentabilidad.
El ciudadano se inscribía en la AFP y ésta le daba un Número Único Previsional (NUP) que serviría como el código de cuenta personal con el que se identificaría de ahí en adelante para cualquier trámite.
En poco tiempo miles de trabajadores se habían afiliado a un sistema privado que funcionaba como una cuenta bancaria y le garantizaba conocer el saldo de su ahorro cada vez que quisiera.
El trabajador debía cotizar el 6.25 % de su sueldo y el empleador, otro 6.75 % para completar un total de 13 % de ahorro para la pensión.
A la fecha, el número de afiliados a las AFP suman 2.8 millones de salvadoreños, éstos alguna vez en su vida han cotizado ya que han tenido un empleo formal.
Este número de ciudadanos ha ahorrado a la fecha un total de $8,696 millones, de los cuales más de $2,500 se han obtenido a través de la rentabilidad que se ha ganado a través de la inversión del dinero.
El fondo se ha invertido en obra social y desde 2012 en papeles de deuda que el Estado ha comprado, es decir, es dinero que el Gobierno tiene que regresarle a las AFP con el respectivo pago de intereses.
De acuerdo al presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, el sistema previsional privado logró cortar la deuda que el Gobierno acumulaba año con año debido su desequilibrio de ingresos y gastos. Con este nuevo sistema los ciudadanos se jubilarán con el fruto de su esfuerzo, sin que esto implique una deuda para el Estado.
“Es un sistema transparente y bien vigilado”, expresó.