Hay quienes usurpan un honor que no merecen, con un oficio que no saben hacer. Así habla la conciencia del señor presidente, personaje central del primero de “Doce cuentos peregrinos”, de Gabriel García Márquez, cuyo título encabeza esta columna. Enfermo en el exilio y sin las glorias que los políticos buscan heredar del poder, el señor presidente no esconde el costo de su insensatez: “lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente”, concluye. En El Salvador, el actual presidente todavía tiene tiempo para no caer en esa desgracia; por ello escribo esta columna con dos solicitudes concretas.
Primero, no escape de sus responsabilidades. La masacre de San Juan Opico o la suspensión de operaciones de la principal empresa proveedora de agua potable deberían ser motivos suficientes para asumir responsabilidades. Sin embargo, hasta en estas circunstancias, usted y sus funcionarios buscan escapar de distintas formas: escapa un presidente cuando, en medio de la crisis, viaja a otro país para rendir tributo al régimen que financió su campaña presidencial mientras sumergía a Venezuela en el peor desastre económico de América Latina del que aún no sale; escapa el ministro que planeó la tregua entre pandillas cuando decide no contestar una pregunta válida sobre la autorización de actividades ilícitas en un centro penitenciario; y escapa un funcionario encargado de potenciar las inversiones cuando asegura que la suspensión de operaciones de una empresa por razones de violencia es “normal en economía”. También escapa un secretario técnico que acusa a las empresas de financiar a las pandillas sin mencionar que, en realidad, quienes pagan la extorsión lo hacen para proteger vidas humanas precisamente porque el Estado es incapaz de cumplir su función más básica.
Segundo, no jueguen con el estado de excepción. La suspensión de garantías constitucionales es una medicina que puede resultar más dañina que la propia enfermedad. Por un lado, hay antecedentes graves de abuso de poder que no han sido esclarecidos: desde la represión desproporcionada de la policía hasta la utilización de la escucha telefónica como instrumento de chantaje de un exfiscal; desde el ingreso de ilícitos a las cárceles hasta la delegación de funciones estatales a particulares que mediaron en la tregua; o desde el ocultamiento de documentos públicos en beneficio de un expresidente hasta el acoso cibernético de círculos vinculados a un alcalde. Otorgar más poder a personas que no se comportan como lo exige la ley y que no reciben sanción alguna por ello es un peligro innegable. Por otro lado, antes de decretar estado de excepción el gobierno debe agotar los canales ordinarios de represión del delito, explicar por qué aun así dichos canales son insuficientes y detallar cómo la suspensión de ciertas garantías contribuirá a alcanzar resultados específicos. Hasta este momento, la narrativa del gobierno de que la inseguridad es una percepción provocada por un plan de desestabilización contradice la supuesta necesidad de un estado de excepción.
En fin, el problema de no asumir responsabilidades al buscar culpables y de escoger la salida fácil con un estado de excepción improvisado no solo lo afecta a usted, señor presidente. Es cierto que usted sería recordado, como tantos, como otra decepción; pero el verdadero problema es el costo que pagaremos los salvadoreños en una sociedad cada vez más inviable. Basta de medidas reactivas que son más mediáticas que efectivas, como fue la Ley Antipandillas en respuesta a la masacre del bus incendiado en Mejicanos en 2010. Basta de abordar temas delicados con una ligereza monumental, como sucede con las pensiones cuya propuesta tuvo que haberse presentado en septiembre de 2014 según lo prometido. No haga el problema más grande de lo que ya es, señor presidente.
*Colaborador de El Diario de Hoy
@guillermo_mc_