El Gobierno siempre pagará bajos intereses para las pensiones

Economista señaló que habrá menor rentabilidad por usar como referencia una tasa de corto plazo para pagar una inversión de largo plazo.

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Sindicatos han hecho protestas para exigir que el Gobierno pague más de 7 % por usar los ahorros de pensiones.

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Por Rodolfo Ortiz / negocios@eldiariodehoy.com

2016-03-28 11:02:00

La fórmula que ocupará el Gobierno para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) hará que los trabajadores siempre ganen una rentabilidad menor que la que ofrecen los mercados internacionales.

El asesor macro económico de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Carlos Pérez Trejo, explicó que esto se debe a que se utiliza como referencia tasas de interés locales y de un plazo menor a los CIP.

“Siempre daría tasas bajas porque el Banco Central de Reserva lo que refleja es la tasa promedio del mercado interno… mientras los bancos no suban la tasa de interés a los depósitos esa tasa van a tener”, comentó.

El economista explicó que un título tiene una mayor tasa de interés mientras más largo sea su plazo de pago. En el caso de los CIP estos tienen un plazo de 25 años, pero para definir su tasa de interés usarán cifras que los bancos utilizan para depósitos a un año o poco más. 

Según lo que aprobó la Asamblea Legislativa a finales de febrero pasado, para pagarle a los cotizantes por sus ahorros usarán como referencia las tasas de depósitos en el sistema bancario nacional que registra el BCR y a eso se sumará un pequeño porcentaje adicional que es fijo.

Además los diputados agregaron que el mínimo a pagar por los Certificados de Inversión Previsional es de 3.5 %, mientras el máximo es 5.5 %.

Sin embargo, aún sin estos límites, Pérez Trejo consideró que la rentabilidad siempre será muy baja pues el Banco Central registra depósitos de un año o poco más, mientras los CIP se deben pagar en un plazo de 25 años.

“La lógica es que un instrumento de 25 años tiene tasa más alta que uno de un año”, añadió.

Por su parte el  presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, consideró que el Estado irrespetará incluso la misma tasa que aprobó la Asamblea.

“Está irrespetando la tasa que da el Banco Central… cuando anda en un techo aproximado de 4.6 % y él está dando 3.5 %, está más abajo”, comentó.

Y es que la ley aprobada, aunque menciona una fórmula, ya deja fijos entre 3.5 % y 3.9 % lo que se pagará a los trabajadores por los CIP emitidos entre 2016 y 2019 gracias a un artículo transitorio.

De momento el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se ha defendido de las críticas a esta tasa de interés explicando que dicho artículo fue añadido por los diputados y no por el Gobierno.

Cáceres además salió al paso de críticas hechas por sectores como Comtradefop que pide   que se pague una tasa similar a la que el Estado paga por los préstamos del extranjero, los cuales están arriba de 7 %.

“En primer lugar no tienen nada que ver las tasas internacionales, ni los mercados de eurobonos con relación a la colocación de una tasa interna”, dijo el ministro en un evento público. 

“Este es un mercado directo, nacional, en el cual buscamos la tasa más transparente”, añadió para defender la referencia que usaron para pagar los nuevos CIP.

A estas declaraciones Ricardo Soriano respondió que por usar como referencia datos de depósitos, y a menor plazo “el (ministro) va haciendo hoyos económicos, deudas a través del sistema fiscal”.

Además dijo que si la tasa fijada por la Asamblea en realidad fuera transparente, habría aprobado la propuesta de los trabajadores, la cual dejaba la tasa en cerca de 7.6 %.

Por otro lado, Pérez Trejo dijo que el ministro no puede separar las tasas de interés internacionales y locales al emitir los certificados. 

“Cuando pasamos a tener el dólar las tasas se normalizaron con los niveles internacionales”, comentó.

“Antes de 2001 teníamos tasas de 12 % porque antes estaban construidas con otros parámetros… porque la moneda que teníamos antes tenía mucho riesgo”, añadió.

Por otro lado mencionó que los eurobonos de los que habló el ministro Cáceres se pagan a un período similar a los CIP, por ello tiene sentido que la tasa de interés para ambos sea similar.

El funcionario solo reconoció, pero entre líneas, que hay un problema con las tasas de corto plazo usadas para definir la rentabilidad que pagarán a los trabajadores.

“Le pusimos una sobre tasa por la longevidad de los títulos… porque los títulos no son a un año sino más largos”, expresó.

El daño a las pensiones

Los Certificados de Inversión Previsional son parte de una reforma de 2006 con la cual el Gobierno de ese entonces buscaba obtener dinero rápido para pagar la pensión a las personas que se quedaron en el anterior sistema público.

Cuando se crearon los CIP se estableció la tasa Libor como referencia para la rentabilidad que ganarían los trabajadores. 

En ese año los certificados se emitieron a una tasa de 6.11 %. Tras la crisis financiera de 2008 la Libor empezó a bajar, reduciendo la rentabilidad de los CIP a cerca de 1.2 % por varios años.

Dependiendo de la entidad que realice el calculo, se estima que los trabajadores perdieron la oportunidad de ganar cerca de $1,500 millones en rentabilidad desde 2008 hasta la fecha.

El problema es que una menor rentabilidad significa una menor posibilidad de tener una buena pensión en el futuro.

El presidente de Comtradefop, Ricardo Soriano, protestó porque este daño a la pensión futura continuará aún con la nueva tasa aprobada por la Asamblea Legislativa.

Y es que el decreto aprobado establece que el alza beneficiará solo a las nuevas emisiones de CIP y no a los más de $4,500 millones que los trabajadores ya prestaron al Estado.

El sindicalista consideró que dicha situación irrespeta la orden de la Sala de lo Constitucional, la cual establecía que la tasa debía mejorarse para las emisiones anteriores y las nuevas.

Comtradefop ha presentado un escrito a la Sala de lo Constitucional para que considere que la orden de mejorar la rentabilidad no se ha cumplido, anule la tasa del 3.5 % o libere a las AFP de la obligación de prestar los ahorros al Gobierno.

De momento la Sala no se ha  pronunciado respecto a esta fórmula que aprobó la Asamblea Legislativa en febrero.