El Gobierno, a través del gabinete de Seguridad, estudia una serie de medidas extraordinarias que serían implementadas en caso de que se declare estado de emergencia en el sistema penitenciario, esto para frenar que más órdenes criminales salgan de las cárceles donde los cabecillas de pandillas se encuentran recluidos.
Una de las medidas que está en discusión es que la Policía tenga la responsabilidad de ejercer el control de los centros penales a través de algunos de sus oficiales, pero serán los custodios los que seguirán dando la seguridad en los reclusorios.
Fuentes de la Policía y Penitenciarias, confirmaron que equipos de esas dos instituciones trabajan en la propuesta para establecer el estado de emergencia en siete penales, donde se encuentran recluidos cabecillas e integrantes de las pandillas.
La medida emergente se estaría impulsando en un primer período de 15 días, tal como lo ordena la Ley Penitenciaria, pero luego se iría prolongando, a medida que los índices delictivos se vayan reduciendo, y en especial, los homicidios y las extorsiones.
Los penales que serían intervenidos con medidas extraordinarias son Izalco, Ciudad Barrios, Quezaltepeque, San Francisco Gotera, Cojutepeque, Chalatenango, y Zacatecoluca.
En la mayoría de estos penales se encuentran los principales cabecillas de las pandillas y a los que la Policía les atribuyen las órdenes criminales que salen de los mismos.
Algunas de las medidas que se estarían implementando después de Semana Santa serían por ejemplo, la suspensión de las visitas y las llamadas de familiares a los reclusos.
También la suspensión de la libertad ambulatoria en los patios de los recintos, es decir, que los reos permanezcan las 24 horas en las bartolinas, y que se les suspendan las visitas de abogados y personeros de Cruz Roja Internacional.
También están pensando hacer requisas permanentes en esos penales para el decomiso de celulares, chips, armas, drogas y otros objetos que estén en manos de los reclusos y que son usados por los pandilleros para enviar las órdenes criminales.
No tendrían acceso a la radio, a la televisión y a los periódicos; así como cortes de la energía eléctrica, son otras de las medidas extraordinarias que según fuentes de la Policía, son estudiadas.
Aseguraron que el subcomisionado Ramón Fernando Roque Mártir, ha sido nombrado como Inspector de Penales y él, se supone, tendrá a su cargo la seguridad de las cárceles.
La vigilancia del sistema carcelario siempre recaería en los custodios penitenciarios, pero estaría bajo el mando de oficiales de la Policía.
Fuentes policiales confirmaron que estas funciones recaerían en oficiales de mandos superiores, como comisionados que no tienen asignadas jefaturas de delegaciones o unidades de la Policía.
Roque Mártir, quien se desempeñó como jefe de la Policía en el departamento de Cuscatlán, llegaría a sustituir al anterior Inspector de Centros Penales, de quien se supo, de manera extraoficial, que fue separado de su cargo.
Fuentes policiales aseguraron que los policías se harían cargo de las requisas permanentes en las cárceles, para tener control de los penales y evitar que desde ahí, sigan ordenando homicidios y extorsiones.
Hasta el 21 de marzo pasado, el sistema penitenciario tenía recluidos a 33,363 internos, de los cuales 24,328 cumplen una condena y otros 9,035 se encuentran siendo procesados judicialmente.
Cifras no confirmadas por las autoridades penitenciarias, detallan que en el sistema carcelario hay no menos de 12,000 pandilleros que han cometido delitos graves, la mayoría homicidios y extorsiones. Un buen número de los reclusos, 11,092, han sido condenados por asesinato; mientras que 6,231 internos por extorsión, según el censo de la Dirección de Centros Penales.
Como parte de las medidas extraordinarias, diputados de las distintas fracciones políticas aprobaron de forma unánime un decreto transitorio para ayudar al descongestionamiento del sistema penitenciario, lo cual constituye una de las principales áreas propuestas por el Ejecutivo para combatir el clima de violencia que enfrenta el país.
Con estas disposiciones transitorias se le dará oportunidad a las personas que cumplen condenas menores a ocho años, con delitos excarcelables, y reos mayores de 60 años, que han presentado buena conducta, así como reclusos con enfermedades terminales.
Estos presos podrían salir del sistema penitenciario y reincorporarse a la sociedad, siguiendo ciertos procesos.
El diputado por el partido de Concertación Nacional (PCN) y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, dijo que desconocía sobre las medidas extraordinarias que el Ejecutivo pretende implementar, para frenar los altos índices de criminalidad.
Explicó que el miércoles 30 de marzo se reunirán con el presidente, Salvador Sánchez Cerén, para conocer las medidas que serán planteadas por el Ejecutivo.
Sostuvo que no podía hacer ningún comentario porque desconocía las propuestas y además, no podía asegurar si su partido las apoyaría o no, porque no las han revisado.
El diputado por ARENA y exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, explicó que la aplicación del estado de emergencia en los penales fue una propuesta de su partido para el Ejecutivo, pero que estas se implementen por espacio de seis meses o hasta que existan las condiciones necesarias de seguridad.
“Hasta donde hemos hablado la idea les ha parecido y lo van a retomar”, dijo Ávila.
El diputado consideró una buena medida que la Policía ejerza el control de las cárceles porque así se podrá evitar que más órdenes criminales salgan de las mismas.
“No se puede pretender tener control en las calles, si primero no se tiene control en los centros penales, que es de donde salen todas las órdenes. Para dominar las calles, primero hay que controlar el interior de los penales”, sentenció Ávila.