Sólo ingenuos creen que la ley decretada por la Asamblea sobre “los derechos de los pacientes a la salud” mejorará las condiciones de los hospitales, el suministro de medicinas y la atención a los enfermos.
Al día siguiente del parto legislativo, médicos, trabajadores y conocedores de la situación que prevalece en el sistema de Salud enumeraron los motivos por las cuales es prácticamente imposible cumplir con los altisonantes objetivos.
El primero, la falta de personal, que recarga el trabajo de cada miembro de esos servicios. Los médicos, señalan, tienen que atender doce pacientes por hora, que significa auscultarlos, llenar expedientes, escribir recetas, emitir un diagnóstico… ponerse un estetoscopio y examinar la respiración del enfermo toma muchos minutos.
Falta instrumental, equipos, autoclaves, mobiliario, lavanderías, privacidad para exámenes, espacio de trabajo.
A eso se agrega que pueden recetar un medicamento, pero que lo haya en los dispensarios es otra cosa. Los pacientes se ven forzados a esperar en fila por horas para que al llegar a un mostrador les digan que “se ha terminado”.
Aparentemente nadie en el sistema ha dispuesto que una enfermera o auxiliar vaya de uno en uno en las filas averiguando lo que cada uno necesita para allí mismo decirle si hay o no hay.
Más que ese derecho “a la salud” debió haberse enumerado una serie de exigencias válidas: derecho a ropa limpia, a ascensores que funcionen, a servicios sanitarios que tengan agua y estén limpios, a una cama dentro de un salón y no un pasillo…
La ley viene a ser como un intento de echar sobre médicos y personal de los hospitales la culpa del desorden y pésima administración del sistema de salud, como del desfinanciamiento causado por los despilfarros.
El derecho que no se consigna es el de médicos y personal de ser oídos constructivamente por directores y funcionarios, como que ambas partes conjuntamente hagan esfuerzos para resolver lo que se pueda sin amenazar con medidas de fuerza. Debe haber un derecho a llegar a entendimientos en la medida que se puede en un país donde por inepcia han casi quebrado las finanzas públicas.
Y para que llueva sobre mojado, se dice que una pandilla ha decretado “toque de queda” para ingresar a un centro hospitalario de primer nivel, como si las emergencias, los partos, los heridos en accidentes, los envenenamientos con malos alimentos, etcétera, acaecieran únicamente durante el día.
Una cosa son las legislaciones y otra las realidades
Los pacientes, como el público, tienen derecho, su principal derecho, a que el sistema sea administrado por personas capaces. Los nombramientos vienen recayendo en médicos que participaron en pequeñas clínicas de campaña, lo que ni remotamente capacita para dirigir y administrar el sistema de salud de un país que ha o había alcanzado un nivel de desarrollo notable para las circunstancias.
El nombramiento de funcionarios estatales debería pasar por el tamiz de la opinión pública, presentando potenciales candidatos, enumerando su trayectoria y logros, transmitir entrevistas donde lectores y oyentes puedan plantearles dudas o reparos.
A fin de cuentas el salario y los emolumentos de los nombrados los paga la gente con sus impuestos.
Existe siempre un gran, grandísimo trecho entre los deseos, aspiraciones y ocurrencias que dan cuerpo a una ley y lo que se puede lograr promulgándola.