El representante jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, le advirtió ayer a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que la propuesta de reforma de las pensiones que se estudia en la Asamblea podría considerarse “un fraude constitucional” por presentarse como una reforma previsional cuando en realidad se busca una reforma fiscal que haga llegar recursos al Estado.
De acuerdo con el abogado, así como esta, hay al menos otros cinco argumentos jurídicos que podrían perfectamente constituirse como argumentos para una demanda de inconstitucionalidad aceptada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
De hecho, Argueta presentó en la comisión al menos dos párrafos que la misma Sala ha dictado en otras resoluciones y que encajan en las características que presenta la reforma. Una de ellas es que la propuesta “no maximiza los beneficios para los ciudadanos, sino que los reduce”. Por su parte Waldo Jiménez, explicó a los legisladores que la reforma, contrario a reducir los problemas fiscales del país, generaría un costo de estatización de $45,000 millones que tendrían que pagarse en el largo plazo y que, ponen en incertidumbre el pago de pensiones de los jóvenes.
A la comisión también llegaron representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) quienes se mostraron a favor de la reforma para crear un sistema mixto que ha planteado el Gobierno.
Héctor Carrillo explicó que la reforma de pensiones “es necesaria” pues el Estado recupera su responsabilidad constitucional de administrar el sistema de seguridad social.
Según Carrillo, con esta reforma no hay confiscación porque no hay una transición de dominio, es decir, que el Estado no va a disponer del dinero que se traslade desde el sistema privado.
Los legisladores del FMLN, por su parte, se centraron en cuestionar a la ANEP con respecto al financiamiento de la campaña “El robo del siglo” y por qué no se habla de la comisión que cobran las AFP por administrar el dinero.
Calixto Mejía, del FMLN, incluso consideró como “una amenaza”, que ANEP les advirtiera de posibles inconstitucionalidades.
Los diputados de ARENA coincidieron con ANEP sobre la reforma.