Respetar la legalidad y esperar a que las instituciones funcionen son los dos planteamientos hecho por el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Carlos Ortega, sobre el hecho que su colega, Jaime Campos aparezca en el listado de afiliados del FMLN.
“Hablamos con él y dijo que acudiría a la unidad de acceso a la información del FMLN para hacer la consulta de sus datos personales. Hoy comentábamos eso por la mañana y como instituto somos respetuosos de la legalidad, es necesario dejar que las instituciones funcionen. Yo respeto la posición del comisionado y espero que haga lo necesario que le corresponde hacer para demostrar si es o no afiliado”, manifestó Ortega.
Recordó que con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), los partidos políticos ahora son sujetos de que se les pida, y ellos a entregar, la información pública que se les solicita.
Aseveró que cuando surja algún conflicto con la LAIP, el comisionado Campos no conocerá de casos donde esté vinculado el partido FMLN.
Se buscó, sin éxito, a Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN.
Por su parte el diputado efemelenista Guillermo Mata Bennett dijo desconocer si el comisionado es miembro del partido.
Sin embargo, señaló que hay procesos apegados a derecho y hay que ventilarlo según lo que dicte la ley.
Sala dictó precedente
Tanto la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC), y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), aseveraron que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dictado precedente en este tipo de casos al señalar que no debe haber ningún tipo de afiliación política en instituciones que ejercen la contraloría.
Xenia Hernández, de la ALAC-Funde, manifestó que a simple vista, el comisionado cumplió con los requisitos para ser nombrado en el cargo, pues en la LAIP no coloca este tipo de situaciones como prohibición para el cargo.
Sin embargo, esos son vacíos que tiene la ley y que la Asamblea Legislativa está en la obligación de solventar.
“Tampoco estamos diciendo que esto sería lo mejor, pero siempre y cuando sus decisiones no se vean influenciadas con esta afiliación, si lo vemos técnicamente, no estaría contraviniendo la ley”, dijo.
Roberto Burgos, ahora director ejecutivo de la Fundación DTJ, expresó que les sorprendió la información sobre el comisionado Campos y que cualquier ciudadano que considere inconstitucional este hecho, debe interponer la demanda ante la Sala.
Recordó que dicha Sala ya ha dictado varias resoluciones donde determina que instituciones que ejercen contraloría deben ser instituciones despartidizadas.
“Pese a que es un derecho constitucional, por la libertad de asociación, en determinado momento pueden entrar en conflicto con el bien común. No podemos esperar una imparcialidad absoluta de una institución contralora cuando los encargados de juzgar o evaluar un comportamiento pertenece al partido político que esté ejerciendo el poder o que es parte de la oposición”, apuntó.