El presidente Salvador Sánchez Cerén anunció la noche del miércoles que llamará a mil reservistas para que apoyen la seguridad pública.
Esta es una de varias medidas que el gobernante anunció por cadena de radio y televisión de la segunda etapa del plan de emergencia que el gobierno ha emprendido para enfrentar la escalada criminal que cobra hasta 24 muertos por día.
Sánchez Cerén dijo que las medidas incluyen el corte de las telecomunicaciones en los vecindarios aledaños a los centros penales, por lo cual pidió comprensión a la ciudadanía.
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Tambien restringirán el paso de particulares en los alrededores de los presidios, así como las visitas en los mismos. Además sustituirán a los empleados de las prisiones que se vean involucrados en colaboración con las pandillas y grupos criminales.
Anunció que prorrogará por 15 días más las medidas que inició en siete penales y que incluyen el aislamiento de 299 cabecillas de maras.
Además, aseguró que hoy enviará a la Asamblea un proyecto de decreto para aplicar medidas especiales en los centros penales.
Finalmente, llamó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a descongelar $900 millones en bonos que dijo que servirán para el plan de seguridad, así que la Asamblea Legislativa apruebe otros $1200 millones que están pendientes.
Otras medidas
El Gobierno y la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron el miércoles impulsar 14 medidas, a las que les han llamado extraordinarias, con las que buscarán reducir en un plazo de un año, los altos índices de criminalidad y violencia.
Entre las disposiciones que serán aplicadas en el sistema penitenciario destaca la habilitación de celdas bajo el régimen de máxima seguridad, donde serán recluidos los cabecillas de las pandillas y los reos de alta peligrosidad, según fuentes policiales.
Agregaron que éstos reclusos no tendrían acceso a comunicarse con sus familias, ni derecho a las visitas familiares e íntimas, así como, evitar las salidas innecesarias de los recintos, solo cuando se trate de alguna audiencia judicial.
También se pretende obligar a los internos a someterse a los programas de educación y de reinserción que se imparten en el sistema penal.
Las medidas que estamos tomando responden a un solo objetivo: garantizar a toda la población seguridad y tranquilidad.
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) March 31, 2016
Otras de las medidas que se contemplaron durante la reunión fue el uso de los brazaletes electrónicos para reducir el alto grado de hacinamiento de internos en las cárceles y así tener mejor control de la población reclusa. A lo anterior se le agregaría que un buen número de presos que se encuentran en la fase de confianza serán trasladados a otros penales de mínima seguridad.
Además, acordaron exigirles a las empresas de telefonía que bajen la potencia o suspendan las señales de los teléfonos celulares en los alrededores y dentro de los centros penales.
Si cualquiera de las compañías telefónicas no cumple con esa prohibición, entonces el Estado podrá deshabilitar las torres de distribución de las señales telefónicas que se encuentran aledañas a los reclusorios y así suspender el servicio por completo, agregaron las fuentes.
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La presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña confirmó la obligatoriedad para las empresas telefónicas de bajar la potencia de las señales de los celulares en los alrededores de los mismos.
“El Gobierno va a bloquear a como dé lugar las señales telefónicas de los centros penales; ya se dio bastante plazo y no nos han ayudado. Entonces ahora el Gobierno podrá intervenir de hecho para quitar las señales”, dijo Peña. Agregó que “si hay que quitar antenas, hay que quitarlas, poner bloqueadores de otro nivel”.
También confirmó la habilitación del régimen de máxima seguridad en las cárceles que se encuentran en estado de emergencia.
“Se está planteando fortalecer el sistema penitenciario generando espacios de máxima peligrosidad en cada centro penitenciario, es decir que no solo tendríamos Zacatraz sino que habrían celdas de máxima seguridad muy pronto”, dijo Peña.
Éstas y otras disposiciones transitorias que aún no han sido reveladas serán presentadas hoy a la Asamblea Legislativa para que sean estudiadas por las distintas fracciones y aprobadas el viernes próximo en sesión plenaria.
El vicepresidente Oscar Ortíz espera que en el año que estarán vigentes las medidas extraordinarias “se reduzcan los altos índices de criminalidad y de las extorsiones”.
Agregó que “no podemos aceptar que un grupo de criminales mantenga en limbo al pueblo salvadoreño”.
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