La Presidencia de la República no entregó el estudio técnico, actuarial y financiero con el cual realizó la propuesta de reforma de pensiones que ya está en estudio en la Asamblea Legislativa.
Además confirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún no ha terminado un estudio técnico que se le solicitó hacer y que según dijeron funcionarios anteriormente, era la base para proponer la creación de un sistema de pensiones mixto.
El estudio lo había solicitado el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) a través de la Unidad de Acceso a la Información con el fin de conocer las bases técnicas que llevaron al Gobierno a elaborar la propuesta de ley que estudian los diputados.
Sin embargo, tras un mes de haber solicitado el documento oficial, la Unidad de Información de la Presidencia, respondió que “el diagnóstico del sistema previsional y el fundamento numérico de la propuesta de reforma al sistema de pensiones lo aportó el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero”, sin anexarlos a la solicitud hecha por el Comité.
Sobre el estudio del BID la respuesta dice: “el informe definitivo no ha sido entregado formalmente por el BID”.
Tras estas respuestas el abogado de Comtradefop, Enrique Anaya, concluyó que ni la Secretaría Técnica de la Presidencia, ni el Ministerio de Hacienda ni la Superintendencia del Sistema Financiero cuentan con un estudio que soporte la propuesta de reforma que se ha presentado ante los diputados.
De acuerdo con Anaya, la respuesta de la Unidad es “una colección de incoherencias, inconsistencias y sofismas”, para no reconocer que el Gobierno no cuenta con ningún documento que sustente la propuesta de reforma.
Y es que, a juicio del abogado, el proyecto de ley es una reforma fiscal cuyo único fin es borrar el saldo de la deuda que el Gobierno tiene con los actuales trabajadores, a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional.
“Esta no es una reforma de pensiones, es una reforma fiscal”, ha señalado en otras ocasiones el abogado.
Según Anaya, el Estado pretende confiscar más de $4,500 millones de las cuentas individuales de los trabajadores para saldar su deuda y con ello, reducir su endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, que ya representa el 60 %, ya que al reducirla, el Gobierno puede volver a endeudarse.
Este estudio también ha sido solicitado por otras instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que también quiere conocer la base técnica.
Lo mismo ha solicitado la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa.
El diputado tricolor, Donato Vaquerano, dijo que para tomar una decisión sobre este proyecto es necesario contar con un documento que demuestre el impacto financiero que pueda tener el cambio a un sistema de reparto parcial.
El abogado Anaya explicó que en la resolución que le envió la Presidencia, ésta reconoce que la documentación “no se encuentra inhibida de divulgación”, por lo que anexo a la respuesta que envió dicha dependencia también debió entregarse el estudio que hizo el Ministerio de Hacienda y la SSF.
En ese sentido Anaya dijo que apelarán a la resolución enviada por la Presidencia de la República hasta contar con los estudios que sustenten lo que el Gobierno ha presentado a los diputados.
Diagnóstico propuso subir edad de jubilación
En febrero de 2014 el Diario de Hoy publicó parte de un diagnóstico que hicieron Hacienda y la Superintendencia, en el que se proponía elevar la edad de jubilación y el tiempo de cotización para los trabajadores.
La propuesta nunca se hizo oficial y solo circuló entre algunas de las oficinas de los diputados en la Asamblea Legislativa.
Posteriormente el Gobierno negó que intentara subir la edad y aumentar los años de trabajo para jubilarse.
Meses después los funcionarios comenzaron a hablar de “flujo de ingresos”, para luego argumentar que el Ministerio de Hacienda se hace cargo del pago de la pensión mínima sin percibir ingresos de los trabajadores a los que les dará luego ese beneficio.