Un grupo de abogados solicitó este jueves a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación en contra del juez español, Eloy Velasco, porque pudo haber cometido delitos, al procesar y ordenar la detención internacional contra 17 militares, cuatro de ellos ya capturados.
Con esta petición los profesionales buscan que el Ministerio Público asuma un papel activo frente a este caso, pues la han visto muy tímida, ya que el Fiscal General no se ha pronunciado.
“Por ningún lado hemos escuchado algún comentario al respecto”, detalló el abogado Jorge Alberto Moreno Morán.
Agregó que los profesionales que integran el Instituto de Investigación y Análisis Jurídico, sostienen que el juzgador Velasco puede que haya incurrido en los delitos de prevaricato (resolver contrario a la ley), actos arbitrarios (abusar de su autoridad), privación de libertad y violación de derechos fundamentales de los militares salvadoreños.
“El juez Eloy Velasco conoce claramente que el artículo 28 de la Constitución, prohibía en el momento de los hechos, la extradición de salvadoreños y con ese conocimiento no podía dictar el acto de procesamiento, ni tampoco dictar la orden de detención y mucho menos reiterárselas a alas autoridades salvadoreñas”, afirmó el abogado Jorge Alberto Moreno Morán.
Agregó que el juzgador conoce que el artículo 11 de la Constitución protege el no juzgamiento dos veces por la misma causa, y ese es el derecho fundamental y universalmente reconocido, el cual está en el pacto de derechos civiles y políticos y que lo conoce muy bien.
En ese sentido el Velasco ha violado el Código Penal y la Ley de Amnistía, porque a sabiendas de que los ciudadanos están protegidos bajo esa normativa dictó la orden de detención.
A juicio de estos juristas, Velasco no solo ha violentado las leyes salvadoreñas sino la Ley orgánica del Poder Judicial de España, la Ley de enjuiciamiento y la Ley de Extradición pasiva de ese país.
“En la Ley de extradición pasiva se dice que ningún funcionario va a dictar una orden de detención o va abrir un juicio contra ciudadanos que ya han sido juzgados o protegidos con la amnistía”.
El reino de España reconoce que existe la Ley de Amnistía y ellos la han hecho valer en su ley de extradición pasiva, al negar la reclamación de ciudadanos españoles por una juez argentina, por algunos delitos que se les acusan en un momento determinado.
En ese sentido la Policía española se negó a capturar a los ciudadanos, porque el sistema de justicia y el gobierno español dijeron no los entregarían a Argentina porque estaban protegidos por una ley de amnistía”.
Bajo ese mismo principio, dijo el abogado Moreno Morán que el juez Eloy Velasco estaría violando el principio de igualdad, lo que constituye en afectación grave al principio de igualdad.
Los abogados pretenden que la Fiscalía adopte “nuestro sistema de justicia, y que analice si el comportamiento del juez español encaja en el delito de prevaricato, actos arbitrarios, privación de libertad por funcionario o autoridad pública y afectación grave al principio de igualdad contemplado en nuestro Código Penal, artículos 310, 320, 290 y 292”.
De encontrar argumentos suficientes, que presente la acusación en un juzgado y se le notifique que se procesará.
“En la Ley de extradición pasiva se dice que ningún funcionario va a dictar una orden de detención o va abrir un juicio contra ciudadanos que ya han sido juzgados o protegidos con la amnistía”.
El reino de España reconoce que existe la Ley de Amnistía y ellos la han hecho valer en su ley de extradición pasiva, al negar la reclamación de ciudadanos españoles por una juez argentina por algunos delitos que se les acusan en un momento determinado.
En ese sentido la Policía española se negó a capturar a los ciudadanos, porque el sistema de justicia y el gobierno español dijeron no los entregarían a Argentina porque estaban protegidos por una ley de amnistía”.
Bajo ese mismo principio, dijo el abogado Moreno Morán que el juez Eloy Velasco estaría violando el principio de igualdad, lo que constituye en afectación grave al principio de igualdad.
Los abogados pretenden que la Fiscalía adopte “nuestro sistema de justicia, y que analice si el comportamiento si el comportamiento del juez español encaja en el delito de prevaricato, actos arbitrarios, privación de libertad por funcionario o autoridad pública y afectación grave al principio de igualdad contemplado en nuestro Código Penal, artículos 310, 320, 290 y 292”.
De encontrar argumentos suficientes que presente la acusación en un juzgado y se le notifique que se procesará.