La solicitud de la declaración patrimonial actualizada del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, abrió el debate en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que se pueda exigir lo mismo con las declaraciones de patrimonio de otros funcionarios y empleados públicos.
A raíz de una apelación interpuesta por el abogado Danilo Vega se hizo ayer una audiencia pública sobre el caso.
Vega solicitó dicha información ante el oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, pero no se le brindó argumentando que la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece que los funcionarios deben presentar las declaraciones al iniciar el cargo y al finalizar.
Pero el abogado asevera que hay cargos como el de jueces y magistrados que el período es prolongado o indefinido.
Vega señala que, según el artículo 27 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la sección de Probidad está en el deber de mantener actualizados los archivos de control “de sujetos obligados”, por lo que tendrá potestad de solicitar los informes que considere necesarios.
El comisionado Jaime Campos afirmó que hoy que está en debate la Ley de Probidad no solo es importante incluir la actualización de las declaraciones de patrimonio, sobre todo en aquellos casos de funcionarios cuyo periodo es extenso o indefinido, sino que Probidad también cuente con un método de verificación de casos. El fallo del caso se conocerá la próxima semana.