El Gobierno le paga a inversionistas y organismos multilaterales tasas de interés que sobrepasan el 6% y también esta dispuesto a pagar tasas de hasta 7% en las titularizaciones que hacen las instituciones autónomas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el 48% de la deuda que el Gobierno tiene adquirida con bancos, organismos e inversionistas supera el 6% y el resto recibe tasas por debajo de ese porcentaje.
A los a los cotizantes de pensiones en las AFP, sin embargo, Hacienda solo le está pagando una tasa de interés de 1.4% a quienes, desde 2006, le han tomado prestado más de $3,600 millones a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Y solo fue hasta después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que el Gobierno decidió elevar esa tasa al 3%, pero solo a una emisión de $483 millones que el Gobierno sacó en 2015 para seguir pagando pensiones del sistema público (ISSS e INPEP).
Esta vez, tras una modificación a la Ley del FOP, el Gobierno quiere que quede establecida una tasa de interés del 3.4% porque, de acuerdo con el ministro Cáceres, el país enfrenta dificultades fiscales “seriesísimas” que no le permiten mayores tasas pues pondría en dificultades las finanzas públicas.
Un cálculo que Hacienda presentó, el lunes pasado, a los diputados de la comisión de Hacienda indica que por cada punto porcentual de interés que el Gobierno quiera subirle a los trabajadores, significaría un gasto de anual de $50 millones para el Estado.
Y es justamente esa cifra la que la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) asegura que ya podría contar como ingreso en las cuentas individuales de los cotizantes. De hecho, sus cálculos indican que en 2015 los trabajadores dejaron de percibir unos $180 millones por no contar con una mejor tasa de interés.
Todas las diferentes propuestas para subir las tasas de interés en la Asamblea Legislativa, a excepción del Gobierno superan el 5%. Solo Hacienda y el FMLN han propuesto tasas de entre 3.4 y 4%, respectivamente.
Para la diputada de ARENA, Milena Calderón, es inaceptable que el Gobierno prefiera beneficiar con más intereses a otros organismos y no a su propia gente. “Está en contra de los trabajadores”, dijo.
Lo mismo opina el presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano: “cómo es posible que a otros les paguen más tasas de intereses y a nosotros no nos quieran pagar lo justo”, señaló.
El origen de la baja rentabilidad
La baja rentabilidad que ganan hoy las pensiones tiene su origen en la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que se aprobó en 2006 como una alternativa para poder pagar las pensiones de los jubilados del sistema público.
Esa ley estableció que cada vez que el Gobierno le prestara dinero a los trabajadores, emitiendo Certificados de Inversión Previsional (CIP), el interés a pagar sería la tasa LIBOR más un agregado de de 0.75%.
Ese año la tasa LIBOR era buena: 5.27% o más, lo que al sumar con el 0.75% generaba un rendimiento por arriba del 6% para los trabajadores.
Sin embargo, entre 2008 y 2009 vino la crisis económica y las tasas de interés cayeron. La tasa LIBOR llegó a mínimos de 0.4% y 0.6% que apenas lograban sobre pasar el 1% para los trabajadores cuando se le sumaba el agregado de 0.75%.
Pero en vez de modificar la ley para mejorar esta tasa, el Gobierno de Mauricio Funes decidió aumentar la cantidad de dinero que el Gobierno podía tomar prestado y que las AFP estaban obligadas a entregar. Con ese cambio, el Gobierno ya no prestó 30%, sino 45% de los fondos de pensiones.