El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, dijo este lunes en la entrevista matutina de Canal 12, que la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, no es un simple asesinato como lo hizo ver el abogado de los militares, Lizandro Quintanilla.
El rector de la UCA, afirmó que este hecho fue un asesinato “pero también es un crimen de lesa humanidad, un acto de terrorismo de Estado”.
Reiteró que el hecho, no fue común y corriente, porque lo realizaron integrantes de una institución del Estado, el Ejército.
“Al estar investidas las personas de una autoridad militar (los que cometieron el crimen), es el Estado contra la población, es un acto de terrorismo de Estado o un crimen de guerra”, puntualizó Oliva.
Frente al caso, dijo el sacerdote, hay que distinguir dos grupos de autores, los materiales (ejecutores) y los autores intelectuales (los que dieron la orden).
El juicio que se dio en El Salvador fue contra los autores materiales en 1991, el cual se desarrolló en “condiciones muy difíciles y de acuerdo con la Audiencia Española, fue un juicio fraudulento, aseguró el sacerdote.
“Todos sabemos que el jurado tuvo mucho contacto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y que una secretaria de la CSJ era parte del jurado, también a los fiscales se les presionó para no inculpar a los militares que estaban siendo presentados en el juicio”, afirmo Oliva.
A su opinión, “fue un juicio irregular, que no ha pasado las normas internacionales de lo que debería ser un juicio.
“Suponiendo que fue válido, podríamos decir que en El Salvador se juzgó solamente a los autores materiales”, aclaró.
Oliva dijo que en el proceso contra los autores intelectuales del caso Jesuitas, se ha encontrado con “una negación de justicia”, pues en ningún momento los jueces permitieron que el caso avanzara.
“Se dijo que ya había prescrito, luego se expresó que la Ley de Amnistía no podía aplicarse a funcionarios de gobierno que la habían decretado, lo cual se ha establecido en la Constitución, nunca se ha logrado avanzar en El Salvador en el caso de los autores intelectuales”, afirmó.
Las capturas contra los 17 militares, aseveró, no son una persecución política contra ellos, sino un acto de hacer justicia a un grupo de militares que actuó de manera indebida durante el conflicto armado.
Afirmó que los militares detenidos no son los intelectuales.
Oliva afirmó que esperaría que la Corte Suprema de Justicia resuelva de acuerdo con el derecho y a los tratados internacionales suscritos por El Salvador y si no procediera la extradición, que las autoridades, se comprometieran a juzgarlos en el país como sucedió en el caso de Pinochet en Chile, que no fue extraditado, pero sí regresó a su país y fue juzgado en Chile.
El rector de la UCA, expresó que no capturar a los militares ni extraditarlos, “desprestigiaría al gobierno actual, que se ufana de trabajar por la justicia y la búsqueda de la verdad”.