EE.UU. ha dado a GOES más de $5 Mlls. por deportados

El acuerdo incluye depósitos al mes y en efectivo por cada deportado a El Salvador, para costearle el pasaporte provisional y ser recibido en la terminal aérea. Gobierno salvadoreño negó esta información, EE.UU. la dio

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Por Tomás Guevara, corresponsal en Washington

2016-02-19 7:47:00

Estados Unidos destina aproximadamente 1 millón de dólares anuales para la deportación de salvadoreños que han infringido la ley de ese país, según un documento de 15 páginas que el gobierno de El Salvador considera información confidencial pero que fue desclasificado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), a petición de El Diario de Hoy.

En el documento se detalla el acuerdo de entendimiento entre los dos países para agilizar los procesos de deportación de salvadoreños detenidos en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

A dicho Memorando de Entendimiento, que negociaron y firmaron la Cancillería salvadoreña y el Ministerio de Seguridad y Justicia de EE. UU. en enero de 2010,  se le realizó una enmienda el 23 de abril de ese mismo año para agregar un beneficio al país.

El Salvador logró convencer a Estados Unidos para que le diera una compensación económica por cada deportado, debido a los costos que implica documentarlos y recibirlos en la terminal salvadoreña.

El documento íntegro al que tuvo acceso este periódico, luego de solicitarlo bajo la Freedom of Information Act, (FOIA, Ley de Libertad de Información, por sus siglas en inglés), muestra que no han sido vedados datos en ninguna de sus partes, más que los nombres y las firmas de los titulares que procedieron a rubricarlo en Washington.

Este memorando, vigente hasta la fecha, refleja que el gobierno de Estados Unidos se comprometió a instalar computadoras portátiles en los 16 consulados salvadoreños en Estados Unidos, así como en la embajada de El Salvador en Washington, para compartir información de los compatriotas en los centros de detención. La idea era comprobar su nacionalidad y que el gobierno salvadoreño procediera a documentarlos y recibirlos a su llegada al país.

Sin embargo, para conseguir el desembolso el gobierno de Mauricio Funes manifestó a su contraparte, que al realizar la operación que incluye cateo de datos biométricos y comparación en el Registro de Personas Naturales o en las mismas bases de la Dirección General de Extranjería e Inmigración, incurría en costos y personal para tal actividad.

Así, Estados Unidos se comprometió a desembolsar 41.03 dólares por cada salvadoreño retornado, luego de considerar también que el gobierno estadounidense entiende que eso implica ciertas logísticas. 

Desde la puesta en marcha de este Memorando de Entendimiento hasta la fecha, han sido deportados en los vuelos de ICE y en aviones del Departamento de Justicia, más de 128 mil 65 salvadoreños, según los registros estadísticos del Departamento de Seguridad Nacional, desde el año 2010 hasta el 2015.

Transferencias cada mes
Al sumar los años calendario y los ejercicios fiscales de EE. UU., los números indican que el gobierno salvadoreño habría recibido un aproximado de 5 millones 254 mil 506 dólares.

La cifra resulta de multiplicar la cantidad de deportados por el monto de $41.03 que desembolsaría la nación norteamericana por cada persona retornada hasta la terminal aérea en Comalapa.

“Una vez al mes, ICE cuente el total de los documentos de viaje (pasaportes provisionales) que se emitieron en el mes anterior estará en disposición de hacer la transferencia de las cuotas por procesamiento de cada documento de viaje expedido en el sistema eTD de ICE”, refiere el numeral 3 del memorando.

Pero en el acuerdo solo se indica que Estados Unidos transferirá el fondo desde una cuenta de ICE, que funge como el brazo operativo de DHS, hacia una cuenta comercial del gobierno salvadoreño, el que a lo largo del memorando de 15 páginas se le refiere como “GOES Participants”, sin especificar a qué cuenta del Estado salvadoreño sería abonado el monto mensual. 

Esas transferencias, sus destinatarios y usos de los mismos solicitó en recientemente a la cancillería la ciudadana María de los Ángeles Regalado, datos que le fueron denegados por dicha institución. 

El caso pasó al Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, en cuya audiencia realizada 26 de enero pasado, el gobierno salvadoreño mantuvo el argumento de que dicha información está “reservada”, por acuerdo con su contraparte.

En la audiencia, la Cancillería enfatizó que este Memorando de Entendimiento contiene una cláusula de confidencialidad y que revelar el contenido del mismo pondría en peligro las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y El Salvador, pero este fue desclasificado por DHS sin mayores restricciones a solicitud de este medio de comunicación.

Restricción para el país
Buena parte del acuerdo inicial rubricado el 13 de enero de 2010, concentra su contenido en la cooperación de ambos países para facilitar la identificación de los salvadoreños detenidos y la recepción de los mismos en el país.

Con la instalación de los equipos informáticos puestos en las oficinas consulares y la embajada en calidad de préstamo, ICE y DHS exponen las restricciones para el uso de las computadoras portátiles y los respectivos programas, donde la contraparte salvadoreña puede ingresar a través de personas autorizadas, solo a las bases de datos de los detenidos, no así a otras plataformas de dichas instituciones.

“Los usuarios autorizados por ICE pueden iniciar sesión en el sistema eTD y revisar los datos de los repatriados, información biográfica y documentación de aquellos a ser removidos de los Estados Unidos. Los usuarios autorizados de la embajada y consulados podrán actualizar, editar y guardar información biográfica relacionada con cada deportado”, dice otro de los literales del acuerdo.

Entre los firmantes salvadoreños del memorando, cuyos nombres han sido tachados por dicha agencia federal para liberar el documento, figuran el exviceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, quien en ese entonces ocupaba el cargo, y el Director General de Inmigración, a cargo de Héctor Rodríguez; mientras por Estados Unidos el titular de ICE.

Acá en el país también se solicitó a Cancillería copia de ese documento, pero por correo electrónico se adujo que dicha información no podía ser compartida. 

Se buscó al embajador en Estados Unidos, Francisco Altschul, con el fin de conversar con él e indagar más detalles sobre este acuerdo que se firmó en parte por su mediación, pero no fue posible. La gestión se hizo a través de la jefa de prensa de la embajada en la capital estadounidense.