Las organizaciones que integran el Grupo Gestor de la Ley de Probidad, aprobada en medio de controversias en la última sesión plenaria de 2015 de la Asamblea Legislativa, afinan un recurso de inconstitucionalidad contra este marco legal que sustituirá a la actual Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios, vigente desde 1959.
Al respecto también recordaron que la presentación de esta demanda solo se relaciona con la decisión del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de sancionar la Ley, algo que se prevé para el transcurso de esta semana.
Inclusive el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, EugenioChicas, dijo ayer en un programa de entrevistas de televisión que esto se está “analizando” con el equipo jurídico de la presidencia, por lo que aun no se ha definido si la Ley entrará en vigencia los próximos días.
“La ley está en manos del equipo jurídico, se está revisando y el presidente aun no ha tomado una decisión al respecto”, dijo Chicas.
Por ello Javier Castro, director de estudios legales de la FundaciónSalvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) confirmó que el recurso se relaciona con los diversos vicios de inconstitucionalidad que tiene la Ley aprobada, sobre todo eliminar el juicio de enriquecimiento ilícito de carácter civil, el cual se encuentra en el artículo 240 de la Constitución de la República.
“Nosotros pedimos al presidente que vete el decreto, es su obligación si quiere ser coherente con el estado de derecho, si no el estaría siendo partícipe de una violación constitucional que al final favorece la impunidad”, subrayó Castro.
Por ello Fusades espera que la Sala de lo Constitucional resuelva con celeridad el recurso a presentar y que se puedan suspender los efectos de la Ley de Probidad aprobada como parte de una medida cautelar del tribunal constitucional del país. Esto solo si el presidente Sánchez Cerén sanciona la Ley.
Otro de los escenarios es el que plantea la presidenta de la FundaciónDemocracia, Transparencia y Justicia (DTJ, Claudia Umaña; se refiere a algo que ya adelantó el magistrado de la Sala, Rodolfo González, sobre la posibilidad de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)pueda decidir sobre la aplicación de la Ley.
“La Corte y la Sala están en su derecho de declarar la inaplicabilidad de la ley. Es un criterio que deberá de ser analizado en la Corte. Como sociedad civil nos reservamos el derecho de presentar un recurso de inconstitucionalidad al ver la inoperancia de las instituciones”, adelantó Umaña.
En este sentido Castro pidió a Sánchez Cerén que “escuche” el clamor de la ciudadanía y que, si ha expresado su compromiso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción “sea coherente”, vetando esa normativa.
“Ojalá que el presidente haga valer esos compromisos , que no solo sean discursos porque el combate contra la corrupción debe de fortalecerse”, agregóCastro.
La Ley de Probidad fue aprobada con un total de 47 votos a favor y 34 votos en contra de la fracción de ARENA. Previo a la aprobación, los diputados discutieron por varias horas el dictamen ya que la oposición incluso había advertido sobre sus deficiencias y violaciones a la Constitución.
Diputados piden respetar la Constitución
Sobre la posibilidad que de la Corte Plena de los magistrados de la CSJ sometan a control constitucional la Ley de Probidad, si es por sancionada Sánchez Cerén, diputados consultados coinciden en que es importante garantizar respeto a la Carta Magna.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, cuestionó la Ley aprobada y recordó que no puede ir contra el artículo 240 de la Constitución, por lo tanto la sección de Probidad deberá investigar los presuntos enriquecimientos ilícitos a raíz de las declaraciones patrimoniales de funcionarios o ex funcionarios.
“Probidad tendrá por obligación que presentar indicios de enriquecimiento ilícito ante la Corte Plena, como lo ordena el 240, inciso tercero, de la Carta Magna”, valoró el diputado Ponce.
Mientras tanto el diputado de ARENA; Ricardo Velázquez Parker, cuestionó la aritmética del FMLN para debilitar la propuesta que presentó el Equipo Gestor y la sociedad civil y consideró que la normativa “es inaplicable” y conlleva hasta un retroceso.
“Lo propuesto por el Grupo Gestor estaba bien respaldado, era como una copia de lo que dice la Constitución de la República. Nosotros como ARENA esperamos que el presidente vete o al menos observe esa ley, la cual no le da herramientas a la sección de Probidad para combatir la corrupción”, reflexionó el legislador tricolor.
La normativa aprobada le quita las facultades al pleno de la CSJ para iniciar juicios civiles de servidores públicos y le traslada la responsabilidad a la Sala de lo Civil del Órgano Judicial.