Bajo el argumento de que la Ley de Probidad viola la Constitución y el principio de seguridad jurídica, el abogado Danilo Vega presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un demanda de inconstitucionalidad contra ese cuerpo legal.
Asimismo, solicita que se suspendan los efectos de la normativa, que entrará en vigencia la próxima semana, luego de que el presidente Salvador Sánchez Cerén la sancionara en tiempo récord.
“Es evidente de que se ha violado el principio de seguridad jurídica, el principio de soberanía popular, el principio de gobierno republicano, democrático, representativo, el principio de sistema político pluralista y el proceso de formación de ley, por motivos de forma”, argumenta el abogado en su demanda.
A juicio de Vega, quien tiene la potestad para conocer de los casos de enriquecimiento ilícito es la Corte Plena, no la Sala de lo Civil, como ha quedado establecido en la ley.
“La Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo”, alegó.
Señala, por otra parte, que el proyecto de ley no tiene asidero legal, ya que el proyecto de ley no fue aprobado a solicitud del Órgano Judicial, como se señaló durante la aprobación de la ley, dijo Vega.
“No es cierto que la Corte haya hecho uso de su iniciativa de Ley, ni solicitado a la Asamblea la elaboración de una nueva Ley de Probidad, como falsamente se consagra en el resumen de lo acontecido en la sesión plenaria número 27 del 16 de diciembre”, señaló.