CARACAS. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, confió en que la Asamblea legislativa “tomará medidas que contribuyan a la distensión y la reconciliación, como será la amnistía para los presos políticos y la vuelta de los exiliados”.
Al instalar la asamblea anual de la CEV, el clérigo señaló además que las elecciones del 6 de diciembre y la juramentación de los diputados el martes son “un contundente rechazo del sistema representado por el despotismo, militarismo, arbitrariedad y corrupción que se autotitula socialismo del siglo XXI”, aludiendo a la corriente que identifica al chavismo.
“Es una victoria de la voluntad del pueblo, un paso decisivo hacia la reinstitucionalización del país y de la independencia de los poderes públicos”, dijo Padrón.
El representante de la Iglesia consideró el nuevo Parlamento como un punto de partida para la “recuperación del estado de derecho, la renovación y saneamiento de los organismos del Estado” y pidió que revise la política nacional e internacional en todos sus convenios y negociaciones.
Aseguró que aunque cambiar la economía “es responsabilidad del Gobierno”, el Parlamento tomará medidas que “corregirán vicios y procedimientos irregulares y proporcionarán leyes que favorecerán la producción nacional, la libertad de empresa y castigarán la corrupción”.
señaló que, una vez cumplida la etapa de instalación del Parlamento, el país debe dirigirse progresivamente a la “despolarización y el diálogo transparente”
Ante el nuncio apostólico, Aldo Giordano, y el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, el obispo afirmó que los cambios económicos son “responsabilidad del Gobierno” y dijo esperar que la Asamblea aporte leyes que corrijan las políticas en esa materia y castiguen la corrupción.
El oficialismo chavista y la jerarquía eclesiástica han mantenido una difícil relación, especialmente durante el gobierno del fallecido gobernante socialista Hugo Chávez (1999-2013), quien acusó a los prelados de respaldar el golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder en abril de 2002.
Por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el martes el control de la Asamblea, tras una apabullante victoria en los comicios legislativos de diciembre.
Con una poderosa mayoría, la MUD se ha planteado aprobar una amnistía para 75 opositores presos -entre ellos, el líder de su ala radical, Leopoldo López-, cientos de exiliados y a miles de “perseguidos políticos”.
El gobernante Nicolás Maduro anticipó que vetará la ley, una advertencia que se enmarca en la lucha de poderes desatada tras la asunción de la nueva mayoría, durante la cual la MUD aseguró que buscará definir en los próximos seis meses una vía legal para sacar del poder al heredero político de Chávez.
“Que la aprueben. ¿Quién les va a soltar a los presos?”, retó el número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, en su programa de televisión la noche del miércoles, aludiendo a la posibilidad de una ley de amnistía.
El régimen niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como responsables de “asesinatos” y “planes golpistas”.