A diario decenas de familias salvadoreñas son obligadas a dejar sus hogares para no convertirse en un dato más de las dramáticas estadísticas de homicidios que se registran en el país.
Según el Fondo Social para la Vivienda, FSV, en los últimos seis años unas 641 familias han abandonado apresuradamente sus domicilios por amenazas, extorsiones y homicidios hacia sus familiares, por parte de las pandillas.
En situaciones parecidas, otras 110 familias con casas financiadas por el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVIPO) también han tenido que dejar sus casas.
Con la partida forzosa dejan sus residencias, que desde hace diez o 20 años escogieron según sus necesidades, y que además comenzaron a pagar, la mayoría con sacrificios.
Luego de que las viviendas quedan solas, grupos de pandillas las toman por la fuerza y en muchos casos las convierten en sitios de operación de ellos.
Mientras el verdadero dueño debe seguir al día con sus pagos con la institución que las financió, para no caer en mora o verse afectado en su récord crediticio.
En esas condiciones, los propietarios no solo deben responder por las casas que tuvieron que dejar por la fuerza, sino también por el alquiler de otra vivienda en un lugar distinto. Este doble pago abulta el presupuesto de las familias afectadas.
A este impacto económico se suma, el desconocimiento que hay sobre las opciones que el Fondo Social brinda a las familias que han huido por problemas de seguridad.
Entre tanto los que saben de la alternativa, inician las gestiones pero al poco tiempo las abandonan, por los engorrosos requisitos que hay que satisfacer y el tiempo que las instituciones duran en contestarles, estiman algunos afectados.
En esas circunstancias sus antiguas casas son desmanteladas: les quitan el techo, las celosías, las puertas, las lámparas, los servicios sanitarios y otras extras, que sus dueños con tanto sacrificio les hicieron.
Pero las consecuencias no se limitan al saqueo sino también a que el usuario pierda el interés por sus antiguas casas o que por factores de presupuesto deje de abonar las cuotas en los siguientes meses y las financieras con dos o tres meses de atraso, inician el proceso de recuperación.
En estos casos hay personas que han dejado casas con cinco, diez, quince y más de 20 años de pagar, dinero que si no se informa al Fondo Social, Fonavipo u otra institución bancaria, podría perderse.
La opción, otros lugares peligrosos
La queja más frecuente de las familias que han iniciado estos trámites, es que las soluciones de vivienda que el Fondo les ofrece en los listados que les proporciona no reúnen sus expectativas o necesidades, por situarse en lugares con problemas similares de inseguridad o porque sus valores sobrepasan al de sus residencias anteriores.
De ahí que algunos piensan que “salen del fuego para caer en las brasas”, en alusión de la repartición territorial de las pandillas.
Según las estadísticas del Fondo Social para la Vivienda, la mayor incidencia de las migraciones por razones de amenazas, en los últimos seis años ha sido en 20 de los 262 municipios.
Estos son Colón, Ciudad Arce, Quezaltepeque, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango, Apopa, Olocuilta, San Pedro Perulapán, San Sebastián Salitrillo en Santa Ana.
Una de las colonias donde más familias han emigrado por amenazas de maras es Villa Lourdes, en Colón, al norte de La Libertad, según registros del FSV de 2010 a 2015.
En ese lapso, más de 184 familias acudieron al Fondo a solicitar cambio de casa.
En residencial Altavista, situada en los municipios de Ilopango, Tonacatepeque y San Martín unas 36 familias han corrido con el mismo proceso.
30 familias abandonan sus casas cada semana
Las cifras de éxodo de grupos familiares, solo engloba a los usuarios del FSV y FONAVIPO, no incluye los clientes del sistema financiero nacional que podría incrementar drásticamente el dato.
Estudios de organismos no gubernamentales revelan que semanalmente 30 familias deben salir huyendo de las colonias y comunidades por temor a las pandillas.
Con las migraciones no planeadas, las personas dejan todo su patrimonio que con gran esfuerzo construyeron en 10, 15 y 20 años, cuando adquirieron sus viviendas.
Estudios de las migraciones revelan que las víctimas no solo pierden sus casas, sino su entorno social que encierra, la escuela, la unidad de salud, la iglesia, en algunos casos hasta la fuente de sus ingresos, y todos sus sueños.
“Tenemos casos de que en los grupos familiares, la señora tiene una tienda, venta de tortillas u otro modos vivendi, que se ve afectados con sus salidas”, afirmó una representante de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado de Víctimas de Violencia y Crimen Organizado.
Algunos ya habían pagado sus casas, otros iban a medias o a penas comenzaban, cuando les dieron el ultimátum que tenían que emigrar, de lo contrario se exponían a ser asesinados.
La opción de una nueva casa o “permuta”, a la fecha solo ha sido para quienes supieron que podían acudir a la institución para exponer su problema y solicitar el auxilio.
Además, solo los que cumplieron con cada uno de los requisitos que las instituciones les demandaron para tramitar la permuta, lo consiguieron.
Una gran cantidad de afectados por la violencia desconocen de la posibilidad de solicitar un cambio de casa cuando por una razón de fuerza mayor hayan tenido que abandonar la casa de la noche a la mañana.
Pero someterse a un proceso de permuta en el FSV o FONAVIPO no es cuestión de la noche a la mañana, el interesado debe reunir una serie de requisitos como presentar la constancia de denuncia ante la Policía Nacional Civil y la documentación de la vivienda en regla.
El tiempo que toma para realizar estos trámites es variable y depende de cada caso.
Posterior a este paso, el Fondo designa a un perito que irá a realizar la valuación de la vivienda que el cliente dejó.
Más tarde, el interesado recibe un listado de viviendas recuperadas por el FSV para que entre todas, seleccione la que más le convenga.
Puede suceder que dentro de toda la oferta no haya ninguna que le interese porque está en peor lugar que la que abandonó.
Esta situación se volvería más compleja para el cliente pues en la nueva opción debe tomarse en cuenta, el tipo de pandillas que opera en el lugar, la disponibilidad de centros de estudio, distancia al trabajo de sus miembros, servicios: agua, luz, transporte colectivo y más.
Maras alquilan condominio
Condominios Victoria, en Antekirta en Soyapango está en posesión de maras. Los sujetos rentan los apartamentos y los inquilinos mensualmente pagan a ellos el alquiler, en vez de a su verdadero dueño. También cobran el servicio de agua que al parecer hurtan de una escuela y una empresa a través de mangueras. Las personas pagan dos dólares para tener derecho al agua.
Dan 24 horas para migrar
En Cumbres de San Bartolo, Tonacatepeque, una familia tuvo que suplicarle a la pandilla que le diera dos días más del plazo que le había dado para desalojar su casa. Miembros del grupo familiar manifestaron que no tenían dinero para cubrir los costos de transporte y alquiler. A la fecha, ya llevan un año de residir en otra zona por mandato de la pandilla. En estos casos, las personas no denuncian porque corren peligro.
