En los últimos años hemos sido partícipes de la intensa discusión que ha surgido alrededor del tema de las pensiones en El Salvador. El agotamiento de las reservas técnicas en el ISSS (2000) y el INPEP (2006) para pagar las pensiones de quienes se quedaron en el anterior sistema, ha obligado continuamente al Estado a buscar la forma de cumplir con la obligación de brindar seguridad social a los jubilados pertenecientes al Sistema de Pensiones Público. En el año 2006 se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, con la finalidad de financiar las pensiones antes señaladas y la deuda contraída por el Estado al cumplir esa obligación.
Sin embargo, lejos de solucionar el problema, las últimas reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones han complicado la situación: ahora, como parte de los cambios establecidos en la legislación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, encargadas de manejar las cotizaciones de los empleados pertenecientes al Sistema de Pensiones Privado) están obligadas a invertir buena parte de los fondos que manejan (45 %) en títulos valores emitidos por el gobierno a una bajísima tasa de interés; lo anterior se traduce en que nuestras cotizaciones tienen muy baja rentabilidad (incluso menor a la tasa de inflación), afectando directamente su futura pensión.
El 23 de diciembre de 2014, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 12 letra C, 14 incisos 5 y 6, y 17 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, así como los artículos 91 letra M y 223-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. La Sala consideró que la utilización de la tasa de interés devengada por los Certificados de Inversión Previsional que emite el fideicomiso y que obligatoriamente deben adquirir las AFP, vulnera el derecho a la seguridad jurídica en relación con la seguridad social (derecho a la pensión por vejez), ya que dicha tasa incide negativamente en el nivel de rentabilidad que obtendrán los ahorros de los cotizantes, afectando las pensiones de dicho sector poblacional, al provocar una disminución de los ingresos mínimos e indispensables para atender las necesidades básicas y permitir así una subsistencia digna al ocurrir la jubilación
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Como consecuencia de la anterior sentencia, la Asamblea Legislativa se encuentra en la obligación de reformar las leyes pertinentes para lograr que la inversión obligatoria hecha por los fondos de pensiones se realicen en condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo, optimizando los niveles de rentabilidad de los ahorros de los cotizantes del sistema privado, sin descuidar el bienestar de los actuales cotizantes y jubilados del sistema público. En conclusión, la Asamblea debe modificar la ley para que la tasa de interés que actualmente devengan los fondos de pensiones sea mayor al 3 % vigente a la fecha.
A pesar de ello, la Asamblea Legislativa lleva un año de retraso en el cumplimiento de esta sentencia, alegando que el tema se encuentra en estudio debido a la trascendencia y complejidad económica y social. Un asunto de tanta relevancia y que, por cuestiones biológicas, nos interesa a todos, debe ser atendido por los diputados a la mayor brevedad. Ojalá que la excusa del retraso, fundada en que se están atendido “diversos datos, indicadores, estadísticas, proyecciones, necesidades, aspectos financieros, de mercado, rentabilidades, entre otras”, sea real y derive en la elaboración de análisis integral sobre las pensiones.
La reforma integral al sistema de pensiones y su sostenibilidad es otro de los temas de importancia nacional que debe ser analizado por todos los actores involucrados y conocedores en la materia;el resultado del análisis y reforma tiene que brindar una solución a la bomba de tiempo que se aproxima con la escasa liquidez y el pago de pensiones al sector jubilado. Nuevamente, ignorar el problema no hará que mágicamente aparezca una solución o que nos olvidemos del mismo. El tema de las pensiones se configura como otra oportunidad para que los partidos políticos se sienten a dialogar de forma sensata y sumen esfuerzos para buscar un consenso que asegure el derecho a la seguridad social de los cotizantes.
*Columnista de El Diario de Hoy.