ORIENTE. Los 137 asesinatos registrados entre el uno de enero y ayer en la zona oriental, son razón suficiente para que ciudadanos, empresarios y autoridades edilicias de San Miguel, La Unión y Usulután, aseguren que su mayor preocupación son los niveles de delincuencia y la falta de políticas acertadas en materia de seguridad.
En 25 días, esa es la cantidad de personas asesinadas en los cuatro departamentos de Oriente, crímenes que cometieron desde un homicidio, hasta quintuples asesinatos.
Erick Zelaya, representante del grupo empresarial de Usulután, sostuvo que “el tema delincuencial ha crecido tanto que para poder controlarlo se llevará mucho tiempo”.
Mencionó que aunque los cambios realizados por el gobierno en el gabinete de seguridad eran necesarios, no esperan que la situación tome un rumbo diferente de forma drástica.
Consideró que como empresarios, seguirán estancados y muchos serán obligados a cerrar sus fuentes de trabajo.
Agregó que la situación ha empeorado, pues no sólo se trata de pandillas y el dominio de territorios; sino también del tráfico de drogas y armas, que fortalece a estos grupos de terroristas.
Explicó que es preocupante que aunque los empresarios buscan sobrellevar la carga de las extorsiones, muchos cierran después de un año de trabajo, porque cada día los pandilleros piden más dinero de extorsión.
Los empresarios usulutecos explicaron que el ingreso de vehículos comerciales a los cantones y colonias en todo el departamento cada vez es más difícil.
Sostiene que ya ni siquiera pagando “peaje” o pidiendo permiso al jefe de clica dominante en determinadas colonia o barrio pueden ingresar.
Entre las zonas a las que ya no se puede ingresar en Usulután están cantón Los Desmontes, Jocote Dulce, El Jute, Palo Galán, entre otros.
Los empresarios usulutecos además dicen que el accionar de los delincuentes cobró la vida de varios empresarios y empleados de estos.
Igual percepción mantiene Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio de San Miguel, quien aseguró que en 2015 la tendencia de cierre de empresas era de dos por mes.
Los problemas, los mismos. Acoso de pandillas exigiendo extorsión, pagos de chantaje para poder ingresar a determinadas zonas del departamento para vender, asaltos y asesinatos vinculados al no pago de las extorsiones.
Sobre las esperanzas de mejorar el clima de seguridad en el país y para las empresas, Gutiérrez dijo que eran nulas.
Además dijo que el impuesto a la telefonía no resolvería el tema de seguridad, sino el hueco fiscal que el gobierno tiene.
Alcaldes ven mejoría
Contrario al panorama que ven los empresarios, las autoridades edilicias de San Miguel, La Unión y Usulután aseguran esperan que la situación mejore.
En el caso de Miguel Pereira, edil migueleño, dijo que como alcaldía aportarán para mejorar el clim a de seguridad de los ciudadanos y que durante el primer trimestre del año desarrollarán un proyecto de videovigilancia.
Agregó que trabajan de forma coordinada con la Policía y Fiscalía para hacer un trabajo más efectivo.
Mientras tanto, Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, aseguró tener esperanzas que con las nuevas autoridades del gabinete de Seguridad las cosas pueden mejorar.
“El Salvador está amenazado de muerte, sufrimos una pandemia que nos atañe a todos los ciudadanos, pero yo doy el beneficio de la duda a las nuevas autoridades de justicia”, dijo el edil.
Agregó que le parece positivo el cambio en el Ministerio Seguridad al elegir a un policía de carrera, como Mauricio Ramírez.
Aclaró que ahora será Ramírez quien dicte las políticas a seguir en aspectos de seguridad y no será él quien las ejecute.
Dijo que como municipalidad su apuesta es y ha sido al tema de prevención y que muestra de ello son los diferentes programas apoyados por la Agencia de Los Estados Unidos para El Desarrollo (USAID).
Incluso, le han solicitado a Usaid el apoyo de video vigilancia en el parque de La Familia, en el que en los últimos meses ha registrado varios hurtos en vehículos al interior del parqueo.
Sobre el tema, Miguel Jaime, alcalde usuluteco, dijo que están trabajando de la mano con la Policía y Fuerza Armada en materia de seguridad.
Al igual que en San Miguel, pretenden ejecutar una segunda fase del proyecto de vídeo vigilancia que ya se ejecuta en el parque central Raúl Francisco Munguía.
Dijo que están trabajando en un anteproyecto para que el centro de monitoreo de la vídeo vigilancia pase directamente a manos de la Policía, lo que garantizaría más efectividad y mejores resultados.
Su percepción sobre el impuesto a la telefonía para tareas de seguridad, es que puede tener éxito, si el dinero va a parar a su destino original.
Pese a las aseveraciones de los alcaldes, la ciudadanía tiene una percepción muy diferente y acorde a la posición de los empresarios.
Juan González, residente en el municipio migueleño de San Rafael Oriente, aseguró que “este gobierno no le apuesta a nada de seguridad para uno y lo mismo sucede con las autoridades locales”.
Sus palabras las expresó luego de permanecer un par de minutos presenciando la escena del homicidio de Ricardo Guzmán, un comerciante de frutas ultimado por pandilleros, según la Policía, la mañana de ayer.
El asesinato ocurrió en el parque central de San Rafael, ante la vista de muchos ciudadanos y el móvil fue la extorsión, según las autoridades.
Regina Rosales, otra ciudadana de oriente del país, expresó que los diputados, ministros e incluso los alcaldes hablan de esperanzas, de mejor ambiente de seguridad porque andan en vehículo y con seguridad.
“Ellos (las autoridades y políticos) andan en carros blindados, con guardaespaldas y sin el temor que les pase algo. Que se suban a un bus, con sus hijos y sin seguridad y veamos si es cierto lo que dicen”, expresó la mujer que es originaria de San Agustín en el departamento de Usulután.
Muchos ciudadanos aseguran que la cifra de homicidios es alarmante y que cada vez que salen de sus casas a trabajar, no saben si volverán.
“La situación es alarmante, pero el presidente Cerén dice que van por buen camino, claro, él tiene quien lo cuide y por el camino que vaya, siempre irá seguro”, dijo Rosales al llamar a las autoridades a tomar medidas inmediatas.