El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, manifestó ayer que son “excusas” las que dan el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y el diputado Reynaldo López Cardoza, de que los procesos que se les abrieron a ellos son “persecución política” para no explicar al pueblo el origen de sus patrimonios.
“Estas son excusas que están dando estos funcionarios para no centrarse a explicarle al pueblo cómo obtuvieron el patrimonio que tienen, entonces el camino más fácil es decir que es persecución política”, afirmó Blanco.
Esta es la primera ocasión que uno de los magistrados de la Corte se refiere públicamente al caso de Flores Sosa.
La Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó el pasado 16 de noviembre abrirle un juicio al exdirector del ISSS, tras determinar “indicios suficientes” de que se ha enriquecido de forma ilícia.
El máximo tribunal estableció que el exfuncioniario no justificó el origen del dinero con que compró vehículos ni parte de sus ahorros, ni la presunta sobreevaluación de una casa, además de no haber probado ingresos adicionales ni que los recibiera de una sociedad de la que dijo ser parte.
Blanco agregó que con todos esos indicios que se han detectado en esta primera fase en la Sección de Probidad, Flores Sosa tiene que desvirtuarlos en el juicio respectivo, al igual que lo deberá hacer López Cardoza, a quien también le ordenaron abrir juicio por sospechas de enriquecimiento ilícito, en octubre de este año.
“Esto no es persecución política. La Corte no está interesada en hacer persecuciones políticas, sino que está interesada en la transparencia, en la honestidad y en la probidad de los funcionarios; en la medida en que tengamos funcionarios honestos, los ciudadanos en general podremos disponer de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad”, agregó.
Durante una entrevista televisiva, el magistrado reiteró que, en el caso del exdirector del ISSS, la Corte le dio el derecho de audiencia cuando se le pidió que aclarara “inconsistencias”.
Blanco enfatizó que por mucho tiempo la sección de Probidad no tuvo la facultad de solicitar información patrimonial para determinar si habían indicios de funcionarios o exfuncionarios que pudieron haberse enriquecido ilícitamente porque, asegura, hubo en el pasado un grupo mayoritario de magistrados “que no estaban interesados en perseguir la impunidad, en combatir la corrupción”.
“Los tiempos cambian y hay circunstancias que se han venido produciendo, que han conducido a que actuemos así. La Ley de Acceso a la Información Pública, la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública que ha ordenado que el patrimonio de los funcionarios es de carácter público. La actitud de la CSJ también ha cambiado, hoy tenemos una nueva integración que nos permite tener esa visión común de combatir la corrupción. Esas son las circunstancias, las piezas que se han venido poniendo para emprender esta dura tarea de combatir la corrupción de los funcionarios”, apuntó.
Destacó que la información obtenida de las instituciones bancarias son “fuente valiosísima” de registros sobre transferencias, depósitos o registros; de manera que al verificar la veracidad de esa información que proporcionan, los funcionarios están obligados a dar cuentas sobre sus adquisiciones o gastos.
“Si luego se hacen las investigaciones en los bancos y se constata que sus depósitos son excesivamente superiores, eso ya genera un indicio de enriquecimiento ilícito, porque aquí podemos encontrarnos (información), aunque los funcionarios estén mintiendo en sus declaraciones, lo cual es delito también, o los funcionarios se han enriquecido ilícitamente”, manifestó.
En tanto, el exdirector del ISSS asegura que en su declaración de bienes hubo “error de omisión” y dice que buena parte de sus ingresos no provenían de su salario en el Seguro Social.
En una entrevista televisiva, Flores afirmó que al declarar los montos de los vehículos adquiridos no puso el valor real, pues su asistente le dijo que debía colocar el valor estimado de los autos, lo cual admite fue “error de omisión”.
Respecto al dinero que enviaba hacia el extranjero, Flores indicó que se trataba de una mensualidad para sus dos hijos que estaban en Estados Unidos y aseguró que mandaba el dinero, cuyo monto no sobrepasaba los $10 mil por cada envío para este gasto y para la cuota de una casa.
Flores Sosa dijo que espera desvanecer los indicios de presunto enriquecimiento ilícito en el juicio e insistió que su caso es “guerra política”.