El presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Ernesto Vilanova, aseguró que están alistando un recurso de amparo contra el impuesto a las telecomunicaciones con el cual los salvadoreños obligadamente financiarán el combate a la criminalidad.
“Estamos evaluando el recurso de inconstitucionalidad, pero antes de eso queremos presentar un amparo para que detengan el cobro porque el cobro ya entró en vigencia y la población ya está pagando y eso le está disminuyendo los recursos”, indicó Vilanova, sin precisar la fecha en que van a presentar el escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Aseveró que como Conapes han hecho un sondeo con sus agremiados y con la población y han establecido que todos rechazan el pago del nuevo tributo, con el cual el gobierno pretende recaudar unos $100 millones al año para destinarlos a la seguridad.
“Esa es la realidad que está pasando en el país y es preocupante para la pequeña empresa y muchos ciudadanos que no tienen voz, hemos consultado y adversan la aplicación de este impuesto porque les está afectando su canasta familiar”, externó el dirigente de la gremial.
Vilanova asegura que los salvadoreños ya no pueden cargar con el pago de más impuestos pues es deber del Estado, según la Constitución de la República, de velar por la seguridad de los ciudadanos.
En el caso del sector de los pequeños empresarios que incluye a los comerciantes informales, aseveró que tienen que contratar seguridad privada porque el gobierno no se las garantiza, aparte del pago a los pandilleros que a diario los extorsionan, dijo.
Ya con el nuevo impuesto que todos los salvadoreños comenzaron a pagar a partir de noviembre anterior, “se convierte en triple tributo”, lo que sus agremiados están obligados a pagar, se quejó Vilanova.
“El rumbo que lleva el mencionado impuesto no tiene claridad en su destino y ejecución, convirtiéndose en un despilfarro”, agregó Vilanova, quien dijo que es preferible que se destine a los profesores o al área de salud.