Los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad del FMLN se proponen crear una Ley que saque a los jóvenes de las pandillas, los rehabilite e inserte a la sociedad.
Basados en experiencias de otros países, consideran que en El Salvador es viable y posible que los muchachos vinculados a esos grupos terrosistas puedan salirse, capacitarse en un oficio y reinsertarse a la sociedad.
“Para nosotros es muy importante esta Ley porque complementa uno de los ejes fundamentales de la Política Pública en combate a la criminalidad que cierra el paso de crecimiento de las pandillas y facilita las posibilidades de aquellos que no han cometido delitos graves para retirarse”, afirmó el diputado del FMLN, Misael Mejía.
El legislador no concibe que los pandilleros dentro de sus códigos han establecido que quien entra a las mara no puede salir de ellas, hacerlo es pagar con su vida.
Anteriormente, las pandillas habían fijado excepciones para quienes quisieran abandonar esos grupos, solo lo podían hacer en caso se acompañaran o contrajeran matrimonio, tuvieran hijos o entraran a una religión.
Pero en la actualidad, sus integrantes no se pueden salirse, porque de alguna forma siguen ligados a ellos (dan colaboraciones económicas, hacen mandados, llevan recados y acarrean objetos prohibidos entre otros), y quienes pierden esa vinculación son eliminados. Y si no los asesina su pandilla, corre el riesgo con la mara rival, quien siempre lo verá como enemigo.
El diputado Misael Mejía y Róger Blandino Nerio hace unos días organizaron un foro en un hotel capitalino para hablar de es iniciativa.
Según ellos, para contrarrestar las posibilidades de venganza o ajustes de cuenta de los jóvenes que se retiran de la pandilla, estiman que se crearían centros de internamiento, donde aprenderían un oficio y los fines de semana o días feriados saldrían a su casa con una especie de seguridad.
“Ayudaría sin duda alguna ofrecer oportunidades de formación vocacional, educación formal e inserción laboral, no es la Ley en si misma la que va a resolver el problema pero es la suma de esfuerzos que con el sector privado e inversión pública y programas de organizaciones que el Gobierno coordina pueden facilitar su aplicación”, dijo Mejía.
Además, contemplan en su iniciativa, al pandillero y su grupo familiar, la comunidad a la que pertenece y de esa manera, según ellos, irle cerrando las puertas a las maras, de que más niños y jóvenes se integren a esos grupos y quienes han optado por salirse no corran el riesgo de ser asesinados por sus rivales o por sus mismos compinches.
Los legisladores pierden de vista que las pandillas están en todo lugar y que a la salida de sus colonias o comunidades pueden ser blanco de cualquier ataque.
Dejar de delinquir
Para el diputado de ARENA y exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, el problema que vive El Salvador es tan grave al extremo, que el número de personas que viven de las extorsiones es “altísimo”.
“Para reinsertar a un pandillero, primero se salga de esos grupos, que renuncie a su membresía, vínculos, estructuras y deje de cometer delitos para después lograr una reinserción positiva”, subrayo.
Con la exoneración penal, esta ley podría dar pie a los pandilleros activos que no renuncien a estos grupos y ocupen este beneficio como una coartada para seguir siendo miembros de maras pero con un salvoconducto.
Insistió que ante la gravedad del problema, el país necesita una ley fuerte y el Estado debe actuar con determinación contra esos grupos ilegales.
Agregó que el problema de esta Ley es que deriva en su contenido del artículo 10 de la Ley de Proscripción de Pandillas y que no se está aplicando por las autoridades.
“Es una ley que tiene problemas serios porque se enfoca en regulaciones que ya están en otros cuerpos legales como la ley de Extinción de Dominio, Lavado de Dinero y Activos, confiscación y expropiación de bienes pero no define quien es miembro de una pandilla” aseveró.
Por su parte el diputado tricolor y militar en retiro, Mauricio Ernesto Vargas se mostró a favor de una ley que verdaderamente reinserte a las pandillas y que sirva de soporte para el plan El Salvador Seguro. Pero así como está planteada la propuesta de la nueva normativa no la ve como solución a los problemas de violencia del país.
Si el Gobierno no tiene el control territorial ni empoderada a las autoridades del Estado, los que controlarán la zona seguirán siendo las pandillas, afirmó Vargas.
El militar en situación de retiro coincidió con Ávila al cuestionar la propuesta de Ley que se refiere a los pandilleros, pero sin tomar en cuenta a sus estructuras.
Tampoco, hay claridad sobre qué se va a ser con las personas que no se adhieran al programa, ni los que ingresan y reincidan, porque la Ley no contempla la reprensión del delito.
Agregó que no ve viabilidad ni aplicabilidad porque no se tiene fondos necesarios para ponerla en marcha, porque se habla de 2 mil 100 millones de dólares.