El Tribunal Disciplinario Metropolitano de la Policía Nacional Civil anuló el proceso sancionatorio que la Corporación entabló contra un agente, quien en mayo de 2014 se declaró en huelga de hambre, en protesta por las supuestas pésimas condiciones en la que los policías prestan sus servicios.
El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, se mostró anuente a cumplir la disposición del tribunal.
A raíz de sus protestas, el agente destacado en el puesto policial de La Campanera en Soyapango, fue suspendido por las altas autoridades, el 9 de mayo de 2014, sin goce de sueldo y le iniciaron un proceso administrativo disciplinario en su contra.
En aquella ocasión el policía se desplazó de La Campanera a las aceras del cuartel central de la Policía Nacional Civil, conocido como “El Castillo” para hacerse oír por las máximas jefaturas y que tomaran consciencia del problema y lo resolvieran.
El manifestante se quejaba que no solo en La Campanera se experimentaban serias deficiencias en la infraestructura, sino en varias guarniciones a nivel nacional.
En solidaridad a la petición del agente, custodios de Centros Penales, agentes del CAM y algunos militares se unieron por unos días a su protesta. Además, en esa oportunidad el agente abogaba porque se permitiera a los policías llevarse el arma de equipo en su día descanso, para su defensa personal, en caso de un ataque.
Varios días después, las autoridades autorizaron a los policías llevarse el arma de equipo, lo que ha incidido de alguna manera a que los homicidios contra policías en descanso, no se hayan disparado. Aún con esa medida, 57 policías han sido asesinados durante 2015, una cifra que casi se ha duplicado respecto los homicidios del año anterior, en que hubo 39.
Como consecuencia de la resolución, el Tribunal Disciplinario ordenó a las jefaturas de la PNC reincorporar al agente cesado en su cargo y pagarle los meses de salario que dejó de percibir por encontrarse suspendido.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, negó este miércoles haber visto la resolución del Tribunal Disciplinario, pero no descartó que las unidades correspondientes de la Corporación estuvieran enteradas del oficio.
“Seguramente el Tribunal ya notificó a las partes (demandante, acusado y defensor), pero desconocía esa resolución”, manifestó el director.
Aseveró que luego de recibirse la notificación del Tribunal, se le dará cumplimiento a la misma, aunque no precisó el plazo en que se haría efectiva. Se intentó que el Tribunal Disciplinario Metropolitano confirmara su resolución pero un funcionario manifestó que no eran ellos el conducto oficial para revelar esa información y sugirió que se tramitara con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PNC.
En esa oficina, dijeron que harían el trámite pero que el mismo tardaría diez días hábiles, a partir de la fecha de la solicitud.
Ante la prontitud de la respuesta se intentó con la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Inspectoría General de la Policía, pero tampoco abreviaron el tiempo de respuesta.
En un caso similar, el Tribunal de Primera Instancia Militar anuló otro proceso sancionatorio contra 14 militares que protestaron cerca del Reloj de Flores, el 24 de julio, tras no ser tomados en cuenta en el bono de 600 dólares entregado a policías.
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