El Salvador y Honduras deben contar con sendas comisiones internacionales contra la impunidad y la corrupción, similares a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
Esta es una de las condiciones que el Congreso de Estados Unidos impuso al desembolso de parte de los $750 millones aprobados para la Alianza de la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica.
El pasado 18 de diciembre, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron la Ley de Presupuesto 2016 en donde va incluido este monto para la asistencia de la Alianza para la Prosperidad, un plan pactado por Guatemala, El Salvador y Honduras con Estados Unidos para reducir los altos índices de migración de indocumentados, combate a la corrupción, mejoras en materia de seguridad y desarrollo económico en dichas naciones centroamericanas.
Se establece en los documentos que una parte de tales fondos, aproximadamente $348.5 millones, son para el programa Iniciativa Regional de Seguridad en Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés) a los cuales solo podrán disponer de ellos para “apoyar a las comisiones internacionales contra la impunidad en Honduras y El Salvador, si tales comisiones se establecen”.
“Para recibir los fondos asignados por esta ley o actos previos haciendo las consignaciones para el Departamento de Estado, en el extranjero, y los programas relacionados, tales comisiones deben tener la independencia para investigar y procesar, y autoridades parecidas a la CICIG (de Guatemala)”, establece el documento.
Reacciones en el país
Propuestas similares han sido rechazadas por el oficialismo salvadoreño y sus partidos afines, que no la creen necesaria, en tanto que autoridades judiciales dicen que sí sería posible pero trabajando en conjunto con el Ministerio Público local.
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) del partido ARENA, dijo que estos son fondos que se necesitan en el país para combatir la delincuencia, pero lastimosamente pareciese que el Gobierno de Estados Unidos no confía en su similar salvadoreño ante las muestras que ha dado en el tema de la corrupción.
“Está pidiendo precisamente que El Salvador haga unas acciones similares a la de Guatemala, algo parecido a la CICIG, no necesariamente tiene que ser como la CICIG… Cuando ven acciones como la del miércoles que el FMLN y otros partidos aprueban una ley de Probidad que está dejando la posibilidad de no perseguir a las personas que se enriquezcan ilícitamente o que tengan dudas, es obvio que un Senado como los EE.UU. quiera asegurar que sus fondos sean bien utilizados y que no va a haber ningún tipo de corrupción”, apuntó.
La diputada y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por el FMLN, Jackeline Rivera, expresó que el país ha tenido avances respecto a instrumentos jurídicos contra la corrupción como la ley de extinción de dominio y la recién avalada ley de Probidad, a las que solo se les debe dar tiempo para ver sus resultados.
“Hemos avanzado en instrumentos jurídicos que van tendientes a cerrar portillos contra la corrupción que es al final el propósito de crear una Comisión Internacional”, explicó.
El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, aseveró que todo lo que vaya a apoyar la investigación de los delitos de corrupción es positivo para el país y más si se ofrecen recursos; pero entorno a la creación de una comisión similar a la CICIG debe estar en consonancia con la Constitución para apoyarla.
“Siempre hemos sido respetuosos de la Constitución y estamos claros que el que maneja la investigación es la Fiscalía, pero en la medida que un Fiscal pudiera impulsar el tener acceso a esos fondos con la finalidad de montar una comisión investigadora, definitivamente que estaríamos apoyándolo, pero tiene que ser algo coordinado”, dijo.
El secretario general y diputado del PDC, Rodolfo Parker, manifestó que están totalmente de acuerdo con lo planteado por Estados Unidos y más, con la recién aprobada ley de Probidad, afirma que es necesario contar con un mecanismo igual o parecido a la CICIG.
“El acceso a lo que pasa en la administración de la cosa pública es algo indetenible, es decir, eso es algo que nadie va a poder detener, con leyes o sin leyes. Así que enhorabuena!”, añadió Parker.
El jefe de fracción de GANA, el diputado Guadalupe Vásquez, aseveró que es normal que Estados Unidos ponga sus condiciones pues son “sus fondos”, pero es responsabilidad del país si lo cumple.
“Cuando se quiere tener algún apoyo financiero, el donante debe poner sus condiciones y allá el Estado salvadoreño si acepta o no esas condiciones. Pero en términos generales estamos de acuerdo con las condiciones que Estados Unidos”, expresó.
Para CICIG
En el caso de Guatemala, quien ya cuenta con una Comisión contra la Impunidad, otorgan $7.5 millones solo para ($2 millones más que el año pasado) continuar y fortalecer el trabajo de ese ente. Además, les asignan $4 millones más para implementar tecnología forense en casos de investigación criminal.
“El Gobierno de Guatemala también ha adoptado un papel más importante para los militares en la seguridad pública mientras simultáneamente trabaja con la ONU, respaldando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG )”, se establece en el documento del CARSI.
Apoyo al Triángulo Norte
Con el apoyo del Senado y la Cámara de Representantes, el Congreso estadounidense avaló el desembolso de $750 millones para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en Centroamérica.
Estos fondos serán destinados tanto para programas de seguridad regional, aumentar las oportunidades de empleo, disminuir la pobreza, como atacar las causas de la migración de indocumentados desde los tres países de Centroamérica hacia los Estados Unidos y el combate a las pandillas, el narcotráfico y la corrupción.
Para poder contar con estos fondos, los tres países deben cumplir con 16 condiciones estipuladas: informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos; combatir la trata y tráfico de personas; mejorar la seguridad fronteriza, y cooperar con las agencias del Gobierno de los Estados y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes ilegales y que no califican como refugiados.
Asimismo, establecer una entidad para supervisar el Plan; combatir la corrupción, incluida la investigación y enjuiciamiento de los funcionarios del gobierno presuntamente corruptos; aplicar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad y la independencia del poder judicial y el Fiscal General; y contrarrestar las actividades de las pandillas, traficantes de drogas y crimen organizado.
Además, condiciona implementar una política donde comunidades locales y gobiernos locales sean consultados en su diseño, que participen en la ejecución y evaluación de las actividades del Plan que les afecten; investigar y procesar a miembros de la policía y militares con sospecha de haber violado derechos humanos; cooperar con las comisiones contra la impunidad, según proceda, y con las entidades regionales de derechos humanos y programas de apoyo para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico equitativo en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes.
Y finalmente condicionan proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia; aumentar los ingresos del gobierno, incluyendo mediante la implementación de las reformas fiscales y el fortalecimiento de las agencias de aduanas y resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles, entre las entidades de los Estados Unidos y dicho gobierno.