El exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar, aseguró que la orden de arresto girada por un tribunal de España contra 18 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes Jesuitas y dos empleadas siguen vigentes.
“La alerta roja es orden de captura, yo no creo que se tenga que volver a emitir nuevas órdenes, las órdenes están vigentes, lo que tienen que hacer es cumplir las órdenes”, manifestó el investigador de ese caso en entrevista a la radio YSUCA.
Lo anterior lo manifestó Benjamín Cuéllar, tras la publicación de La Prensa Gráfica sobre la nueva orden de arresto girada por el juez español, Eloy Velasco, contra los 18 militares implicados en el magnicidio de los jesuitas, el 16 de noviembre de 1989.
Para el exdirector del Idhuca no hay por qué volver a ordenar la captura de los uniformados, cuando en 2011 el mismo juez Velasco giró la difusión roja y las respectivas órdenes de arresto.
Cuéllar culpó al expresidente Mauricio Funes de bloquear las capturas.
“Las órdenes de capturas siguen vigentes, o sea, que el Estado salvadoreño haya hecho lo que hizo, sobre todo quien era presidente en ese momento, Mauricio Funes, haya escondido a los militares y que la CSJ haya dicho que esas órdenes no eran de captura si no de localización es un ridículo internacional por parte de El Salvador”, afirmó Cuéllar.
Defensa desmiente
Por su parte, Lisandro Quintanilla, quien es el defensor de la mayoría de los militares procesados en España, dijo que a él no le han notificado nada sobre si hay nueva orden de arresto.
Rechazó la publicación de La Prensa Gráfica, bajo el argumentoque la Sala de lo Constitucional resolvió en agosto pasado, en el caso de un salvadoreño requerido por la justicia costarricense, que es “ejecutable” cualquier orden de arresto que emita la autoridad competente en cualquiera de los países miembros de la Interpol.
“Este no es el caso Jesuitas, eso ya pasó en febrero de 2011 cuando la Corte en Pleno dijo: vamos a analizar la solicitud de extradición hecha por España, por el juez Eloy Velasco, y la Corte en pleno dictaminó que ninguno de los militares es extraditable por el caso del asesinato de los Jesuitas”.
Añadió que el caso ya prescribió, ya fue juzgado en El Salvador y además la Constitución prohibe la extradición en términos absolutos.