Entre los procesados por las irregularidades en el proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa) se encontraba el exministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela, a quien se le acusaba de los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.
De ellos, solo fue encontrado culpable, por el Tribunal Tercero de Sentencia, de actos arbitrarios para favorecer a la empresa CPK, en septiembre del año pasado.
Por lo que el exministro tenía que cumplir 144 jornadas de trabajo comunitario.
La Cámara Segunda de lo Penal había ordenado al tribunal que Maza fuera procesado por el delito de peculado por culpa, es decir, por haber permitido que la empresa CPK, encargada del proyecto de reconstrucción del hospital de Santa Teresa, en Zacatecoluca, La Paz, se beneficiara con fondos del Estado.
Pero la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el exfuncionario tenía que ser procesado por actos arbitrarios y negociaciones ilícitas; sin embargo, los tres jueces encargados del caso lo libraron de estos delitos.
El tribunal también resolvió que Maza había realizado una actuación arbitraria al autorizar que se llegara a una conciliación entre el Ministerio de Salud y CPK para el pago de un millón $ 797 mil por sobreprecios de materiales de construcción y otros gastos imprevistos del proyecto.
Pagos fueron realizados en el gobierno de Funes Mario Machado, defensor del exministro Maza Brizuela, sostuvo durante el proceso judicial que la mayoría de pagos contemplados en la presunta estafa al Estado fueron realizados en la administración del Gobierno de Mauricio Funes, cuando la titular del Ministerio de Salud era María Isabel Rodríguez.
En 2011, Rodríguez dijo que había firmado dos cheques por un monto superior al millón de dólares para la empresa CPK. Uno de ellos, según la exministra, había sido ordenado desde la anterior administración para que se entregara, por lo que Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, acordó que era una deuda contraída y debía cancelarse.
El otro cheque se giró porque existía una carta de Maza Brizuela que establecía “que esa cantidad se paga por ajustes, por incremento de los costos materiales”, expresó en su momento Rodríguez.
De los 15 implicados en el caso Rhessa, en septiembre de 2013, el Tribunal Cuarto de Sentencia condenó a dos años de prisión a José Jiménez y José Mauricio Serrano, supervisores del proyecto, por haber sido encontrados cómplices necesarios de la estafa al Estado.
También fue condenado a tres años de prisión Rolando García Herrera, notario encargado del contrato entre CPK y el Ministerio de Salud y exsubdirector de la PNC; por ser coautor de la estafa.