La polarización es la excusa perfecta para evadir el debate de las ideas. Insensibiliza a los ciudadanos, cobija a los mentirosos y pospone la discusión de las situaciones más complejas de una sociedad. Tras ella desfilan los que temen enfrentar el fondo de los problemas y quienes se conforman con responder superficialmente a las demandas de la población. Los gobernantes la emplean como un prisma haciendo que la principal dificultad del país se descomponga en varias situaciones de menor importancia. Su manipulación es muy efectiva sobre todo cuando los dilemas de las autoridades alcanzan tal nivel que es necesario inventar una historia para contrarrestar las críticas de la oposición política.
Si se asume como parte de la “idiosincrasia nacional” se corre el riesgo que unos y otros, civiles y políticos, la apliquen como mejor les convenga para esconder “bajo la alfombra” las vergüenzas que causan sus actos contrarios a la ley, a la moral y al orden público.
La estrategia es muy fácil. Se trata de buscar una situación que vaya en sentido contrario al hecho que se denuncia. Así las cosas, se genera un sentimiento de victimización hacia quienes manejan la cosa pública porque se hace creer que la imposibilidad para resolver un asunto del máximo interés de los habitantes proviene de la resistencia de sectores interesados cuyo único propósito es recuperar influencia política.
Ciertamente puede presentarse el caso de aquellos que persiguen privilegios y ventajas; sin embargo, en un entorno crispado, de excesiva polarización, suele suceder lo contrario: quienes detentan el poder político, aprovechándose de ese entorno, no atienden las exigencias sociales y esquivan por completo su responsabilidad.
La política salvadoreña arroja innumerables ejemplos. El primero es el del presupuesto general de la Nación. Al gobierno se le acusa de presentar un presupuesto balanceado cuando en realidad las cuentas públicas exigen la contratación de préstamos internacionales para financiar parte de la inversión pública; el presidente y sus ministros responden que se trata de una maniobra desestabilizadora de la derecha y de sus “cómplices”.
El segundo es el de la reforma del sistema de pensiones. A la explicación de los privados, que califican de incorrecta la solución planteada por el Ministerio de Hacienda debido a que la misma en realidad intenta resolver el excesivo endeudamiento público y no propone medidas integrales para garantizar el sostenimiento del sistema previsional, los funcionarios contraponen el perjuicio que causó su “privatización” a finales de los noventas y aplican la campaña del miedo, advirtiendo que en enero de 2016 no se dispondrá de suficientes recursos para pagar las pensiones de los que aún se encuentran amparados al ISSS y al INPEP.
El tercer caso alude a la reforma electoral. Mientras la sociedad civil celebra las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, activada por los particulares, ha debido actuar a falta de consensos partidarios en la Asamblea Legislativa que impulsen las modificaciones pertinentes para mejorar el sistema de representación, la transparencia y la democracia interna de los institutos políticos, estos últimos alegan que los magistrados responden a una agenda ideológica y tienen un sesgo “antipartido” cuya última finalidad es el desgaste de estas entidades como vehículos exclusivos para competir por los cargos de elección popular.
Resulta que la veracidad del presupuesto, la solución técnica para la sostenibilidad de las pensiones y los avances que necesita el sistema electoral no se abordan con seriedad y están contaminados por la asfixiante polarización que nos embarga. Mientras las élites políticas, empresariales y sociales se carean mutuamente, imputándose culpas recíprocas sobre los males que sufre la sociedad, la apatía se enquista en el ánimo popular y crece el sentimiento de la “antipolítica” que, en sistemas con partidos débiles, empuja el apoyo electoral hacia personajes independientes y sin experiencia en el sector público. El caso guatemalteco nos ayuda a entender esta afirmación.
Polarizar una sociedad permite contraponer visiones diferentes sobre la solución de un mismo problema. Si a esto le agregamos la existencia de un sistema electoral que impide a los partidos librar la lucha por los cargos públicos en el centro del espectro político, buscando el respaldo de los ciudadanos moderados, de tal forma que no les quede otra alternativa más que la de suavizar sus posiciones y encontrar puntos de coincidencia entre sus respectivas ofertas programáticas, matizándolas un poco para lograr distinguirse de su adversario político, entonces se condena a esa patria a prolongar sus deficiencias institucionales y a retrasar el desarrollo y la erradicación de las desigualdades sociales.
La cura no es fácil pero la sociedad tiene una ventaja sobre los políticos. Con una “pizca” de organización puede arrinconar a la polarización y desnudar la esencia de los conflictos cuya sincera discusión no se ha realizado hasta el día de hoy.
*Columnista de El Diario de Hoy.