Andrés Ricardo Ortíz Lara, a quien la Fiscalía General acusa de haber perpetrado un ciber ataque contra el sitio web de La Prensa Gráfica, enfrentará hoy su primera audiencia en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, para que responda por los delitos de falsedad material (falsificación), violación a distintivos comerciales y violación a derechos de autor y derechos conexos.
La detención de Ortíz Lara se produjo el miércoles pasado en una residencia de la urbanización Madreselva, en Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán.
La Fiscalía ha dicho que la vivienda donde fue arrestado Ortiz Lara ha sido considerado como un supuesto centro de “trolls” o de fraudes cibernéticos desde donde se presume que se intervino en más de tres ocasiones y se modificó el contenido de la información del sitio web del referido matutino.
El primer ciber ataque se perpetró el 8 de junio pasado, pero el 21 de ese mismo mes, los representantes legales del medio denunciaron el hecho ante la Fiscalía.
En respuesta, al día siguiente, 22 de junio, los “troles” falsificaron por segunda vez la página web de LPG, en la que mostraban una falsa entrevista con el presidente y director general del matutino, José Roberto Dutriz.
El abogado acusador, Arístides Perla, explicó que las investigaciones han abarcado peritajes externos e independientes, cuyos resultados comprometen a Ortiz Lara con los ciber ataques.
Sostuvo que también se pidió la pericia informática judicial que arrojó nuevos hechos, los cuales se vinculaban con otros sitios importantes que por encontrarse en el proceso de la indagación con el auxilio judicial internacional solicitado por la Fiscalía a los Estados Unidos no se puede revelar por el momento, explicó Perla.
Tras conocerse la existencia de un centro de “trolls”, organismos internacionales pidieron a las autoridades salvadoreñas profundizar las investigaciones para llegar, además de los autores materiales, a los intelectuales.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificaron como “gravísima agresión contra un medio de comunicación” y exigieron castigar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado.