El titular del Juzgado Especializado de Instrucción de Occidente, con sede en Santa Ana, Tomás Alberto López Salinas, consideró que había suficientes pruebas para enviar a juicio a Mojica Lechuga y cuatro imputados más, todos miembros de la Pandilla 18 de la facción sureña, por
los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas.
Las víctimas de los cinco pandilleros son comerciantes del mercado Colón de la ciudad de Santa Ana. La audiencia se llevó a cabo ayer en las instalaciones del Centro Judicial de Santa Ana.
Los cinco acusados no asistieron de forma presencial a la audiencia.
Mojica Lechuga y otros dos cabecillas, Douglas Geovanny Velásquez, alias Payaso, Juan Carlos Martínez, alias Pitufo, Karla María Hernández y Silvia Maribel Martínez, lo hicieron a través del método de videoconferencia, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 15 de octubre.
Los tres cabecillas de la Pandilla 18 purgan diversas condenas por graves delitos, por lo cual guardan prisión en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatraz.
Los tres convictos de otros delitos, permanecieron ante una cámara de video en el salón de usos múltiples de Zacatraz.
En tanto que las dos mujeres lo hicieron también a través de teleconferencia desde el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, mejor conocido como Cárcel de Mujeres, en Ilopango, San Salvador, donde ambas guardan prisión.
En los dos centros penales se destacó a personal de Reos Sin Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para verificar la identidad de los reos en cada penal y para constatar que participaran activamente del proceso judicial en su contra.
El caso
Durante la audiencia preliminar, el juzgador otorgó 30 minutos a la Fiscalía General de la República (FGR) y quince minutos a cada uno de los tres abogados defensores, para que cada parte expusiera sus argumentos.
La FGR relató que los hechos fueron cometidos desde el 2002 hasta el 2013, en contra de comerciantes de la zona del mercado Colón de Santa Ana.
Los fiscales explicaron que una de las víctimas interpuso la denuncia el seis de abril de 2013.
En ella detalló que los hechos iniciaron a mediados del 2002, cuando comenzaron a pagar $1,040 quincenales a cambio de que no atentaran contra sus empleados.
En total fueron 26 entregas controladas las que realizaron las autoridades, desde que se interpuso la denuncia. Aunque el fiscal del caso aclaró que hay más víctimas.
Llamadas intervenidas a los imputados
Entre las pruebas que la Fiscalía ofreció durante la audiencia preliminar se encuentran llamadas telefónicas entre los cinco imputados, las cuales reflejan la forma cómo ejecutaban las extorsiones y cuál era la participación de cada uno de los imputados.
“Son miles de llamadas, pero la Fiscalía en la etapa de juicio hará el esfuerzo de seleccionar las más importantes que vinculen la participación de cada una de las personas (imputadas)”, dijo el fiscal.
Al final de la audiencia, el juez López Salinas determinó que había suficientes elementos de prueba contra los acusados.
Sin embargo, en el caso de la imputada Silvia Maribel Martínez decidió cambiar el delito de extorsión agravada por el de complicidad no necesaria, lo cual no cayó en gracia a la Fiscalía, pero aseguró que refutarán esa decisión en la siguiente etapa.
Por este mismo caso, hay otros 25 miembros de la pandilla Dieciocho procesados y que están a la espera del juicio.
Este último se tiene programado para el próximo 4 de diciembre, en el Juzgado Especializado de Sentencia de Occidente, siempre con sede en Santa Ana.
El Viejo Lin es, según autoridades policiales y fiscales, el cabecilla principal de la Pandilla Dieciocho Sureños.