Es necesario que los evasores de impuestos aclaren sus cuentas con el Gobierno pero encarcelarlos. Aunque paguen lo que deben al fisco, es de analizarlo para que no se convierta en una forma de persecución política. Esa es la posición del Partido Demócrata Cristiano (PDC) frente a la propuesta que ha lanzado el FMLN de castigar con cárcel a los evasores y elusores.
Según Rodolfo Parker, dirigente y diputado del PDC, las reformas planteadas al artículo 252 del Código Penal establecen que si en cualquier momento el imputado satisface debidamente al fisco, los tributos o beneficios fiscales defraudados, la pena se fijará entre la mitad del mínimo (dos años) y el mínimo de la penalidad (cuatro años).
La propuesta del FMLN incluye que no prescriban los delitos cometidos en perjuicio de la Hacienda Pública.
Parker dice que hay que tener claridad que ya existe el delito de evasión fiscal y lo que se busca es que se elimine la excusa absolutoria. Añade que en la ley actual, si alguien que evade paga, queda exonerado de la cárcel.
Según Parker, también hay que tener claro que hay gente que no paga impuestos o no lo hace en la proporción que debe, lo cual es una competencia desleal y, con ello, no solo engañan al fisco y a los salvadoreños.
Ante ese panorama, plantea, en primer lugar, que se cumpla previamente y con el debido proceso la calificación del delito y los recursos que se pueden realizar, tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Corte Suprema.
“Con eso se evitaría la tentación de que de pronto el ministro de Hacienda califique evasión sin que se haya seguido el debido proceso, manda un expediente a la Fiscalía y manda a traer a un contribuyente”, ejemplifica.
Además, sugiere que se deje un espacio inicial antes de iniciar procesos administrativos o judiciales porque “puede haber un error, una situación de omisión no deliberada y que no vaya a caer eso en una situación de evasión dolosa, que se pueda corregir el error por una notificación que Hacienda haga y ahí mismo se liquide o se pueda presentar la información que faltaba”.
Una vez se realicen estas observaciones, considera que podrían considerar el paso de la reforma, ya que en la redacción actual de la propuesta no se precisan los dos aspectos mencionados.
“Tiene que haber un equilibrio, por un lado reconocer que el que tiene que pagar pague, porque nos está afectando a todos los salvadoreños, pero que tampoco eso se vaya a prestar a un abuso, por excesivas discrecionalidades”, advirtió.
Se necesitan recursos
Explica que en términos prácticos, Hacienda está dejando de captar el 50 % y un poco más de lo que debería estar ingresando por tributo, y dice estar consciente de que el gobierno necesita fondos para afrontar la inseguridad.
Pone de ejemplo, que solo para la Ley de Reinserción, la cual se está estudiando en las reuniones de partidos, necesita por lo menos $220 millones para su ejecución.
“Una vez aprobada entraríamos al calvario de los recursos y es real porque estamos hablando desde apoyo psicológico hasta programas concretos de reinserción, que involucran desde contratación de maestros, sitios para enseñar oficios (…) todo eso va a requerir una gran cantidad de recursos”, dijo.
Parker también recomienda que para atraer recursos se tomen en cuenta las diferentes propuestas que han realizado los distintos partidos políticos, como grabar 15 % de las utilidades de las telefónicas, grabar las utilidades de los casinos, emisión de bonos y descuentos a los sueldos de los funcionarios públicos.
También plantea que los fondos que se capten deberían ir a un fondo específico para atender el tema de la seguridad ciudadana.