Los comunistas disponen de los fondos custodiados por las AFP, constituidos por los ahorros de los trabajadores, como si fuera su caja chica, en la misma forma en que lo hacen con CEL y el país entero.
A finales de la semana pasada anunciaron que forzarían a las AFP a comprar doscientos cuarenta millones de dólares en papeles del gobierno, para pagar pensiones pendientes del INPEP y del Seguro “Social”.
Doscientos cuarenta millones que serán manejados por los mismos que hicieron quebrar los dos montajes estatales, con el agravante de que se proponen liquidar a las AFP para que únicamente queden el INPEP y el Seguro “Social”, entidades donde pueden meter mano a su antojo.
De continuar disponiendo caprichosamente de estos ahorros –dinero que no hay esperanzas de que vuelva–, a los trabajadores salvadoreños les espera una vejez de privaciones, de pésimos servicios médicos y de sufrimiento, a menos que reaccionen con vigor ante el atropello que sufren en estos momentos.
Se obliga a las AFP a entregar buen dinero muy bien administrado, para sostener dos esquemas, el del INPEP y el del Seguro “Social”, que han fracasado y que es imposible rescatar.
O protegemos el Orden Jurídico o caemos en la ley de la selva
El lema de sindicalistas y otras organizaciones preocupadas es: “defiende cómo puedas lo tuyo que te lo quieren robar…”.
Ante el creciente descalabro de los sistemas estatales de pensiones, los militares exigen seguridad jurídica para las pensiones que maneja el IPSFA, petición a la que accedió el Ministro de Defensa.
Pero esto plantea otra interrogante: un gobierno que continuamente se identifica con los regímenes de Cuba y Venezuela –países donde prácticamente no existe un orden de leyes sino que se marcha siguiendo los mandatos de sus dictadores– no puede ofrecer seguridades de ninguna clase. Por eso, con frecuencia los rojos declaraban no entender las razones de cláusulas pétreas en la Constitución, de hecho oponiéndose a toda seguridad jurídica que pase por encima de los objetivos y las pensadas del grupo en el poder.
La única alternativa a cláusulas pétreas, a principios, derechos y libertades que están por encima de toda ley escrita como establece la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, se cae en la anarquía, en montajes elásticos donde las leyes “se hacen y deshacen al gusto de los déspotas en el poder”, que persiguen, encarcelan y fusilan a quienes tienen la osadía de oponerse.
Disponer al antojo de bienes ajenos –y los ahorros son un bien como la vivienda o la ropa o la propiedad intelectual y las marcas de fábrica– es volver a la ley de la selva, a la piratería, a los puntos de asalto, a despojos, echando mano de manipulaciones de la ley y presiones sobre los jueces.
Cuando los militares exigen seguridad jurídica para sus pensiones –como exige seguridad jurídica el dueño de un negocio que quiere proteger su inversión y el trabajo acumulado, o el depositante de un banco sobre sus ahorros– reconocen que un Orden de Leyes es esencial para cuidar sus bienes, cuidar sus libertades, proteger a su familia y preservar la democracia.
Es ese orden civilizado el que se puede perder junto con las pensiones y las libertades cívicas.