En estas últimas semanas, a través de las redes sociales y los medios de prensa, voces diversas de la sociedad han expresado sus preocupaciones sobre las pensiones en El Salvador. Las discusiones se centran en la conclusión, cada vez más extendida, de que el sistema actual de pensiones es insostenible. Lo que provocó esta discusión son las medidas propuestas por el poder ejecutivo para resolver su propia crisis fiscal, y que la población percibe como el robo de sus contribuciones al sistema de pensiones.
El tema es enredado para la mayoría de las personas. Lo más sano sería retomar la discusión sobre cómo llegamos al sistema actual, pero esto es imposible porque nunca hubo una. Cada Gobierno ha ido tomando medidas que han creado sistemas paralelos e ineficaces. Aún así, el punto que tenemos que tener claro es que esto no se reduce a un problema de caja.
El sistema de pensiones hay que verlo como la punta del iceberg de un sistema insolidario de la seguridad social. Para un análisis comprensivo de la seguridad social en el país es necesario considerar diferentes dimensiones aparte de la fiscal: la transición demográfica; la bajísima cobertura (20 por ciento); la pobreza; la fragmentación en múltiples sistemas y la extensa informalidad del mercado laboral. Si no se atienden estos problemas no habrá futuro para el sistema de pensiones, y esto pone en riesgo el futuro de todos los ciudadanos.
El Salvador es un país en plena transición demográfica, en donde el diez por ciento de la población total del país es mayor de 59 años y, de este total, cuatro de cada 10 personas son pobres. Sumemos a esto el alto porcentaje de informalidad en el trabajo, que ronda el 65% (OIT), y que deja desprotegidos a mujeres y a jóvenes, en particular. Ahora consideremos el hecho de que el índice de envejecimiento del país está en rápido aumento, lo cual incrementará la presión sobre el sistema de pensiones a muy corto plazo.
Esta es una receta para sembrar inequidad. No creo que el gobierno actual quiera ser responsable de la desigualdad social que esto está cosechando.
Hay muchas buenas experiencias en sistemas integrados de seguridad social y pensiones que han logrado resolver el tema del acceso, muchos de estos ejemplos se encuentran en América Latina: Chile, Brasil y Costa Rica, entre otros. También contamos con expertos en el tema, nacionales e internacionales que, en los últimos veinte años, nos han brindado estudios y recomendaciones que no hemos retomado.
En el caso nuestro habría que considerar medidas para ampliar la cobertura (contributiva), incluyendo a sectores tradicionalmente excluidos. Debemos considerar también un pilar solidario, como en el caso de Chile, para la población con ingresos indignos. Otras medidas dirigidas a revertir las desigualdades de género, que se perpetúan en el sistema en desventaja para las mujeres, comienza por la brecha salarial, una desigualdad generada en el mercado laboral.
No podemos seguir relegando el tema de las pensiones, tan relevante para el presente y el futuro de nuestro país, como lo que es: una garantía a la seguridad social, un medio para comenzar a cerrar la desigualdad. Ni el órgano ejecutivo ni el legislativo ni los partidos políticos han tenido el compromiso de colocarlo así en la agenda nacional.
El tema amerita conformar un consejo consultivo de carácter técnico, multidisciplinario y representativo de los distintos actores claves. Su misión sería evaluar el sistema actual con el fin de elaborar una propuesta de reforma integral del sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones, con las reformas de ley necesarias, y que pueda implementarse progresivamente en los próximos dos quinquenios.
El reto es magno pero hay que asumirlo ahora, y comienza por ponernos el lente solidario e incluyente para lograr la reforma de pensiones y la recomposición de un sistema de seguridad social para todos los salvadoreños.
*Columnista. Investigadora invitada, Universidad de Harvard. @cavalosb