La Policía Nacional Civil (PNC) debe un millón 437 mil 580 dólares a dueños de inmuebles en concepto de alquiler a nivel nacional.
Se tratan de edificios, casas o locales donde la corporación atiende sus obligaciones de seguridad pública, las cuales consisten en delegaciones, subdelegaciones, puestos policiales y oficinas administrativas, localizadas en todo el territorio salvadoreño.
El atraso corresponde al periodo del 1 de junio al 30 de septiembre, según se desprende de un reporte de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PNC, a solicitud de El Diario de Hoy.
En total, la corporación policial arrenda 367 inmuebles en el país, cuyos costos van desde el mínimo de 91 dólares por edificio o casa hasta el máximo, de mil 103 dólares por mes.
Para cubrir estos costos, la Policía presupuesta anualmente 4 millones 370 mil 640 dólares.
La mora registrada, por lo general ocurre a principio o finales del año fiscal (del 1 de octubre al 30 de septiembre) lo que ha ocasionado disgustos y molestias a los dueños de los bienes.
La institución arrenda inmuebles de diferentes medidas, lugares y condiciones, según sean los usos que requiera y de acuerdo con esas características, asume los costos.
Las edificaciones de mayor valor se localizan en Santa Tecla, las cuales ascienden a los diez mil dólares.
Entre tanto, en Morazán, la Policía eroga mensualmente 650 dólares por la totalidad de los alquileres en esa zona.
La mayoría de los proveedores de la Policía, son personas de la tercera edad, jubilados la mayoría, que sufren algún padecimiento grave o crónico.
De ahí el drama humano que se crea para estas personas cuando el Estado no gira los fondos a tiempo a la Policía par honrar su pago mensual.
Algunos han llamado a El Diario de Hoy y han expuesto su dura situación, manifiestan que ese pago es la única fuente de ingresos que disponen para su subsistencia.
Aunque en cada caso hay un contrato firmado por las partes involucradas, ese documento en la realidad no es más que un simple requisito que hay que cumplir, pues de nada les sirve para el demandante cuando hay mora, relatan.
El contrato establece que con tres meses de incumplimiento en el pago, se puede dar por terminado el mismo; sin embargo, en la realidad no se cumple, en algunos casos por conveniencia de los mismos dueños de los inmuebles.
Algunos arrendadores aseguran que a pesar de los atrasos, la Policía es de los mejores clientes que pueden tener.
De ahí que los arrendatarios prefieren pasar estas penas con la institución que con otras personas, ya que en el momento menos esperado la institución salda sus cuentas.
De ahí que se arman de paciencia para enfrentar las crisis que se crean por la falta de puntualidad en el pago de la PNC.
Pero esa paciencia no los vuelve inmune a las preocupaciones que esto les causa. Una señora confesó que padece de cáncer y no es pensionada, por lo que debe enfrentar su padecimiento por sus propios medios.
Afirmó que para sobrevivir debe someterse a un tratamiento que consiste en dos inyecciones que valen más de 300 dólares por mes y que las compra del dinero que la PNC, le paga por el alquiler del inmueble que le arrenda.
Otros proveedores aseguran tener problemas con el Ministerio de Hacienda, pues por falta de pago no se ponen al día con los impuestos y a los tres meses, les está enviando notificaciones de la mora y las sanciones a las que se están exponiendo.
Para la señora, esta situación es irónica, porque el dinero que recibe por el alquiler mensual es entregado por el Ministerio de Hacienda y si esta cartera no asigna estos fondos a la PNC, la corporación tampoco puede saldarle a ella y por consiguiente, tampoco ella, le puede devolver el dinero en impuesto a Hacienda.
Presiones de bancos y alcaldías
Pero además deben solucionar otras obligaciones como amortizaciones de créditos bancarios, que no son más que préstamos para realizar mejoras a las mismas instalaciones que alquilan.
Las alcaldías tampoco se quedan atrás en estos líos, en los que mes a mes se ven involucrados los arrendantes pues deben pagar las tasas municipales.
El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde ha dicho que los atrasos en el pago de los alquileres se da por la falta de asignaciones de recursos, pero en la medida que Hacienda entrega los fondos, la corporación se pone a cuentas con sus proveedores.
El problema es que todos los años los arrendatarios se quejan por el retraso en los pagos.
A pesar de que la Policía es una institución de primera línea por el papel que juega, -la seguridad pública- no cuenta oportunamente con los fondos que han sido presupuestados en el año.
El subdirector de la Policía, Howard Cotto manifestó que el presupuesto asignado a la Policía es la mitad de lo que realmente necesita.
Por ejemplo, para 2016, el presupuesto será de 300 millones de dólares y lo que realmente necesita para cubrir sus necesidades básicas es de 600 millones.
Además de alquileres, la institución de seguridad pública adeuda otros servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía fija, celular e Internet.
Por estos servicios, la institución no reveló la deuda que sostiene a la fecha con sus proveedores, de igual manera se desconoce el gasto en talleres y combustibles.