El sistema electoral salvadoreño ha cambiado sustancialmente a partir de una serie de sentencias, de la Sala de lo Constitucional, que habilitó el sistema de listas abiertas (popularmente conocido como “voto cruzado”) y las candidaturas no partidarias. Con ello, el rol de los candidatos individuales y sus propuestas han adquirido mayor realce y muchos de ellos ya no se limitan a trasladar las ideas y propuestas de las cúpulas partidarias. Lo anterior no significa que se le resta relevancia a los partidos políticos, o que las reformas van en detrimento de ellos. El Artículo 85 de la Constitución establece que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, cuya organización y funcionamiento deben sujetarse a los principios de la democracia representativa. Es así que el constituyente optó por un sistema de partidos para organizar la democracia salvadoreña, otorgando a estos institutos un rol trascendental.
La jurisprudencia constitucional ha señalado, en la sentencia de inconstitucionalidad 11-2004, que los partidos políticos son entidades que cumplen la función constitucional de contribuir a conformar la voluntad política del pueblo. Así, los partidos políticos son grupos formados libremente por ciudadanos que buscan defender intereses propios y cuya finalidad es alcanzar el poder, ejercerlo y desarrollar un programa político. Dichas personas comparten una ideología o un conjunto de creencias sobre aspectos políticos y socioeconómicos, que aspiran a influir en la formación de la voluntad estatal. Además, la Sala de lo Constitucional establece (en la sentencia de inconstitucionalidad 61-2009) que los partidos políticos son “instrumentos cualificados de la representación política”, en el sentido de que sirven para recoger las demandas de los individuos y grupos sociales y presentarlas a toda la población, para que ésta vote a favor o en contra.
Con base en lo anterior, los partidos políticos se establecen como instrumentos de la democracia; pero, como el buen ejemplo debe comenzar en casa, cabe preguntarse: ¿los partidos políticos en El Salvador son realmente democráticos en su organización interna? La historia responde que no. La dirección de los partidos políticos no ha variado mucho en su integración después de la firma de los Acuerdos de Paz, ya que no existen mecanismos internos que permitan la alternancia o diversificación en los cargos de dirección; además, se mantienen algunos poderes fácticos con capacidad de influir en el proceso de decisión de asuntos trascendentales. Por otra parte, los mecanismos de elecciones internas para optar a candidaturas en la Asamblea Legislativa o Consejos Municipales son muy cuestionados en su procedimiento, ya que no ofrecen garantías de inclusión a todos los miembros. Tampoco existe total transparencia en la financiación de las actividades del partido, y las decisiones internas; en la mayoría de las ocasiones, se toman de forma arbitraria por un pequeño grupo.
A pesar de la existencia de una Ley de Partidos Políticos, en la sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 se declaró la inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Legislativa de regular en dicha ley algunos de los mandatos derivados del derecho de acceso a la información y de los principios de transparencia y de democracia interna de los partidos políticos. En la sentencia se ordenó, entre otras cosas, que se estableciera en la ley la forma de votación en las elecciones de los órganos de decisión interna de los partidos y de los precandidatos a cargos de elección popular; las formas de competición en el gobierno interno del partido y los requisitos para ser admitido como precandidato para cargos públicos; cuál es el origen y destino de los fondos con que los partidos políticos y candidatos financian su actividad y el registro de aportes privados; transparentar y readecuar las estructuras organizativas de los institutos políticos, incluyendo una instancia cuya función específica sea el control y la auditoría, y los procesos de decisión, ejecución y control interno de las decisiones financieras; la garantía de los ciudadanos de acceso a la información de interés público en poder de los partidos.
La existencia de partidos políticos fuertes, transparentes y democráticos nos favorece a todos los ciudadanos, por lo que urge impulsar las reformas a la Ley de Partidos Políticos que cumplan la sentencia y garanticen el acceso a la información y la democracia interna.
*Columnista de El Diario de Hoy.