USULUTÁN. La crítica situación delincuencial en el departamento de Usulután, genera graves estragos en la empresa privada. Muestra de ello, es que dos grandes proyectos que ejecutaban en los municipios de Jiquilisco y Santiago de María, fueron abandonados por el supuesto acoso de pandillas.
En el caso de Jiquilisco, la empresa Arco Ingenieros S.A, ejecutaba el proyecto de construcción de siete kilómetros de la calle que del cantón Tierra Blanca conduce al cantón Salinas El Zompopero, en Jiquilisco.
Según los representantes de la empresa, decidieron abandonar las labores, después de pedir un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por varias razones, una de ellas, afirman, el constante acoso de pandilleros que llegaron inclusive a atentar contra algunos de los trabajadores de la empresa.
El temor
La zona donde se ejecutaba el proyecto es de alta presencia de pandillas y la calle que construían, conecta con comunidades donde en este año se han producido numerosos homicidios.
Ahora la empresa se encuentra envuelta en un lío legal con las autoridades del MOP para resolver el tema del contrato.
Mencionaron además que más de una vez solicitaron al MOP que les dotara de protección, pero no les atendieron al llamado y por seguridad, optaron por retirarse, notificando sus razones al ministerio.
En el caso de Santiago de María, la empresa AP de Centroamérica S.A, abandonó los trabajos de construcción de 388 viviendas para familias que resultaron afectadas por el terremoto de 2001.
En este caso, la empresa dejó los trabajos sin concluir desde mayo del presente año y según el Vice Ministerio de Vivienda (VMV), no dieron ninguna explicación de las razones porque dejaban los trabajos.
Según documentos extendidos por la representación legal de la constructora, se conoció que la empresa dejó los trabajos, por el acoso de pandillas, pues no les permitían ingresar a la zona del proyecto, sin que antes les dieran materiales de construcción, causándoles pérdidas.
El documento indica tácitamente que “finalmente tomé la decisión, el miércoles 13 de mayo de 2015 de interponer formal denuncia en mi calidad de representante de la empresa AP de Centroamérica, con la Policía Nacional Civil, de los actos de amenazas a muerte, acoso y afectación de las pandillas en los dos proyectos que tenemos en ejecución, en Ilobasco y Santiago de María”, explica el documento.
El escrito incluye que posterior a la denuncia “trajo el recrudecimiento de las actividades ilícitas en Santiago de María el jueves 14 de mayo por la noche, además de las llamadas constantes con amenazas, por haber interpuesto la denuncia”, lo que llevó a los representantes a sacar a los trabajadores de la zona por seguridad.
En las amenazas, les advertían que no querían ver trabajadores de nuevo en el lugar, o los asesinarían.
Por esas razones pidieron suspensión administrativa de los proyectos y un arreglo directo con los contratistas.
En el VMV indicaron que “el 18 de mayo se recibió nota de la empresa informando que solicitaba un arreglo directo, ya que no deseaba continuar con el proyecto”, sin dar mayores explicaciones.
Los proyectos se mantienen detenidos y con procesos legales en desarrollo.
Se consultó a la delegación policial de Usulután, si alguna de estas empresas interpuso denuncia por el hostigamiento de pandilleros mientras laboraban, pero indicaron que no tenían ningún registro de ninguna de las dos empresas, por ese tipo de hechos.