Pese a que la Corte de Cuentas de la República (CCR) afirmó en 2012 que las opiniones de esa institución no son de cumplimiento obligatorio, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) usó dos informes de la contraloría estatal para hacer el arreglo directo y pagarle $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi por las obras inconclusas en la presa El Chaparral.
Eso se desprende de los documentos que ayer entregó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL a los exdiputados de ARENA Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitida el pasado 14 de octubre, en la que obligó a la estatal a dar la documentación. 
Valiente y Peña Pinto pidieron la información a CEL en julio de este año. Y aunque la autónoma dio los documentos a los exlegisladores, indicó que mantendrá la reserva sobre el caso porque existen investigaciones en curso.
“Nosotros insistimos que hay reserva judicial sobre este caso pero tenemos que cumplir una resolución del IAIP. Esto no significa que la información adquiere carácter público”, dijo Óscar Lara, apoderado legal de la CEL.
Los informes
Uno de los informes que usó la CEL para justificar el millonario pago, durante el gobierno de Mauricio Funes, data del 28 de junio de 2012 y fue firmado por el coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla Hernández.
La opinión emitida señala que el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé que terminar un contrato implica reconocer al contratista el pago de las obras o servicios ejecutados. “En cuanto a la decisión de extinguir el contrato y pagar la suma que se acuerde, la Junta Directiva de CEL debe apegarse a las disposiciones legales aplicables”.
La obra estaba valorada en $219 millones, lo que significa que le pagaron a la empresa como si hubiera construido la mitad del proyecto, cuando en realidad tenía un avance del 29.28%.
El otro informe que usó la autónoma es del 5 de julio de 2012, es decir 6 días antes de firmar el arreglo directo. En ese documento, la Corte respaldó la decisión del entonces presidente de CEL, José Leopoldo Samour, de hacer el pago de los $108.5 millones.
El informe también fue firmado por Bonilla Hernández, quien consideró correcta la decisión del arreglo directo, tal y como se negoció con Astaldi. Tras esa opinión, el 11 de julio, se firmaba el acuerdo entre CEL y la empresa en las oficinas de la autónoma.
“La figura de mutuo acuerdo, como forma anticipada de extinguir los contratos administrativos y sus efectos están contemplados en la LACAP, por lo que su utilización está en concordancia con el principio de legalidad (…) consideramos que es correcta la actuación de la junta directiva de la entidad que usted preside (Samour)”, dice la correspondencia.
También se confirma en los documentos que Samour fue autorizado de forma unilateral para suscribir junto con el apoderado legal y presidente de Astaldi, Mario Pieragostini, el arreglo directo. Según el acta 3,521 de fecha 5 de junio de 2012, la junta directiva ratificó las actuaciones realizadas por Samour, incluyendo las consultas a la Corte y otros procedimientos previos.
CEL también entregó una copia del acuerdo de arreglo directo con Astaldi, opiniones de auditoría interna de la autónoma y los informes de los auditores externos de la Comisión, los cuales al final recomendaron liquidar el contrato por la vía del areglo directo entre las partes.
Esos documentos forman parte de la información que recibieron ayer Valiente y Peña Pinto (ver listado).
Pero las opiniones de la Corte de Cuentas no son de cumplimiento obligatorio, según declaró el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, al periódico electrónico El Faro en agosto de 2012.
Aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatarlas”.
No puede hacer licitación
Por otra parte la Corte, según la información entregada a Valiente y Peña Pinto, también dio luz verde para que la autónoma no haga una licitación pública para la contratación de diseño y construcción de la presa, la cual a la fecha continúa abandonada, aunque las actuales autoridades de CEL han anunciado su continuación.
“La figura que bajo estas circunstancias puede invocarse es el calificativo de urgencia de conformidad a las leyes vigentes”, indica la Contraloría.
Otro documento de la Unidad de Auditoría Interna de la CEL recomendó terminar la relación contractual de la autónoma con su contratista en base a la LACAP pagando solo $85 millones (el valor de la obra realizada), sin justificar el pago de $23.5 millones adicionales.
Esos documentos emiten otras “recomendaciones” a la junta directiva de CEL e incluso revelan que Samour buscaba continuar con la obra con un nuevo estudio realizado por Novotec, una empresa española que en enero de 2012 recomendó seguir la obra pero con ciertas modificaciones de diseño tras realizar un análisis técnico-científico. 