LA PAZ. La ministra boliviana de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y el embajador boliviano en Paraguay, Rosendo Alpiri, presentaron sus renuncias después de que una investigación detectara un presunto daño económico al Estado en el manejo de fondos para proyectos indígenas, confirmaron ayer ambas autoridades.
“Yo me voy a defender desde afuera. Yo estoy segura de lo que hemos hecho y trabajado”, dijo Achacollo a los medios y con la voz entrecortada, tras anunciar su dimisión y negar su culpa en las denuncias sobre corrupción en el Fondo para el Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc), que presidía.
Achacollo indicó que ha comunicado al gobernante del país, Evo Morales, su renuncia, tras 5 años y medio en el cargo.
El Fondioc fue creado por Evo para impulsar proyectos de desarrollo en las comunidades indígenas y campesinas, pero con la supervisión de los líderes de organizaciones leales al gobernante.
Achacollo descargó su responsabilidad con el argumento de que ella manejó 22 instituciones, pero solo en el fondo indígena hay acusaciones porque allá existía un directorio formado por ocho organizaciones sociales del sector que tomaban las decisiones.
Los interventores del Fondioc denunciaron hace una semana que el “presunto daño económico” al Estado por proyectos “fantasmas” implicaría un monto equivalente a 14.6 millones de dólares.
Además de los interventores, la Contraloría también hizo informes sobre los daños al Estado y por sus denuncias han sido detenidos en los últimos meses al menos una decena de funcionarios.
Evo ha pedido varias veces que no se acuse de corrupción a las instituciones indígenas y campesinas como tales, sino a las personas que tienen responsabilidades puntuales.
Achacollo era de las colaboradoras más leales de Evo, incluso desde antes de ser ministra, pues también fue diputada y dirigente de una organización de mujeres campesinas que apoyó siempre al mandatario.
Además, el embajador boliviano en Paraguay, el indígena ayoreo Rosendo Alpiri, confirmó a radio Erbol que dimitió el pasado viernes, tras haber sido citado su nombre en el informe de los interventores como responsable de uno de los denominados proyectos “fantasma”.
Alpiri dijo que se sentía “discriminado” como representante de los pueblos indígenas del oriente de Bolivia porque era la primera vez que un ayoreo ocupaba un cargo en el Estado, pero ahora es descalificado por causa de “un informe trucho (falso)”.
Sostuvo que demostrará “su inocencia” con documentos de descargo.
Según Erbol, Alpiri era responsable legal de un proyecto de capacitación a indígenas en gestión de proyectos, para el que se hizo un desembolso de más de $91,000.