La ampliación de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre seguirá a cargo del consorcio brasileño Queiroz Galvao y Andritz Hydro Inepar do Brasil, a pesar de sus escándalos de supuesta corrupción en Brasil.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, aseguró que no les pagarán “ni un centavo más” por terminar la obra de $189 millones y que solo les darán cuatro meses más para terminarla.
“El acuerdo fue cero dinero adicional y solo cuatro meses adicionales”, dijo López Villafuerte, ayer en referencia a las negociaciones que la autónoma hizo con los representantes de la compañía.
La empresa pidió a CEL un pago adicional de $33 millones y 13 meses más para terminar la obra, pero de acuerdo con el presidente de la autónoma, ésta no pudo justificar el gasto, por lo que se le negó un sobreprecio.
Según López Villafuerte, la CEL discutió con la empresa los pro y contras de dejar la obra y, al final, les hicieron ver que ellos podrían perder, por lo que la compañía acordó continuar bajo las condiciones de la CEL.
“Ellos retiraron el acuerdo directo y lo obligamos a que de forma técnica siguieran el proyecto”, dijo ayer, tras una visita a las instalaciones de la expansión de la presa.
La CEL, además, le ha exigido a la compañía que aumente el número de trabajadores en el área con el fin de agilizar las obras, que hasta ayer presentaban un 62% de avance.
“Se le exigió que por favor aumentara su fuerza de trabajo. Ya hay más de mil personas trabajando en tres turnos. Ellos han puesto todo el esfuerzo en seguir”, explicó.
El retraso de la obra solo representa un 5% pues a esta fecha tendría que tener un avance de un 67%, según explicó López Villafuerte.
En el terreno, ya se pueden ver muy avanzadas la construcción del canal de acceso por el que pasará el agua, la bocatoma y sus dos tuberías, por las que pasarán un promedio de 170 metros cúbicos de agua por segundo, y el área de montaje, donde estarán también la casa de máquinas y estarán establecidas las turbinas para generar 80 megavatios de energía adicional.
Con esta ampliación la presa generará en época de invierno un total de 180 megavatios de energía. Por ahora solo genera 99.4 megavatios.
El contrato de esta obra, ubicada entre Cabañas y Chalatenango, ha sido fuertemente criticada en su procedimiento pues de acuerdo con una auditoría realizada por la Corte de Cuentas, esta licitación fue otorgada al consorcio de forma directa y sin ningún otro participante.
Los señalamientos han aumentado a medida que la empresa Queiroz Galvao se ha visto envuelta en una serie de investigaciones por supuesta corrupción en Brasil. En ese país se le señala de participar en contratos con presupuestos inflados, para obtener más ganancias.
López Villafuerte reconoció que esta información les hizo supervisar mejor la obra en enero de este año.
“La visita de enero fue producto de ese ruido que había en Brasil. Nos pusimos de cerca a ellos a darle un seguimiento”, dijo.
En ese momento la obra tenía un 32% de retraso y fue por la presión y negociación de CELque la compañía ha logrado reducir su mora de tiempo a tan solo 5%.
“Los tenemos bien controlados en el chequeo y monitoreo de avance técnico y financiero”, dijo el funcionario.
En este proyecto CELtambién despidió a la empresa Intertechne como empresa supervisora. En sustitución ha contratado a la compañía costarricense Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que opera de forma similar a la CEL en el país.
El proyecto se adjudicó durante la administración del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, designado por el ex presidente Mauricio Funes.
Con el avance de la obra se espera que la presa hidroeléctrica esté terminada en julio de 2016 o, a más tardar, a finales de ese año para que comience de lleno en 2017.
Eso sí. La presa solo operará durante la época de invierno.
Aún así el presidente de la CEL dijo que la autónoma tendrá un retorno de la inversión en los próximos siete a 12 años.
La otra obra cuestionada es la presa hidroeléctrica El Chaparral, que sigue en investigación por parte de la Fiscalía General de la República y, además, fue evaluada por la Corte de Cuentas.
Esta última evaluación indica que la empresa constructora Astaldi recibió un pago de $108 millones por una obra que dejó inconclusa y que no justificó en los documentos.
López Villafuerte reiteró ayer que todo se hizo de acuerdo a la ley LACAP.