QUITO. Bajo el auspicio de la Unasur y de la Celac, los gobernantes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán hoy en Quito para tratar directamente el problema fronterizo que les ha distanciado desde el pasado 19 de agosto.
Ese día, el Ejecutivo venezolano decidió cerrar varios pasos fronterizos, en una cruzada contra el hampa y el paramilitarismo, que conllevó la salida de miles de colombianos que habitaban en algunos municipios del departamento occidental de Táchira.
Más de 21,000 colombianos han sido expulsados o han abandonado Venezuela desde el inicio de esta crisis, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Desde entonces y por distintas razones, Maduro y Santos no han podido reunirse directamente y, más bien, han mantenido un agrio cruce de declaraciones.
Sus cancilleres, la venezolana Daisy Rodríguez y la colombiana María Ángela Holguín, se reunieron en dos ocasiones para tratar el asunto, la última vez en Quito el sábado 12 de septiembre, cuando decidieron trasladar los avances de las conversaciones a sus presidentes.
La actual problemática entre Venezuela y Colombia se profundizó a raíz del cierre de los pasos fronterizos entre esos países ordenado por Maduro el 19 agosto pasado en el occidental estado Táchira.
Ese día, el presidente venezolano anunció esa decisión tras informar de un ataque, según el Ejecutivo, de paramilitares colombianos contra tres militares venezolanos y un civil.
Dos días después decretó el estado de excepción en seis municipios tachirenses, decisión que argumentó con base en la lucha del Gobierno contra el hampa y los grupos irregulares en esta zona.
Son 23 los municipios entre Zulia (10), Táchira (10) y Apure (3) en los que se cerró la frontera, en el caso de ser limítrofe, y en los que se decretó el estado de excepción, dejando dos terceras partes de los 2,219 km de divisoria con Colombia bajo estas medidas.
Maduro ha responsabilizado a Colombia de la situación que se vive en estas zonas limítrofes y ha asegurado que las mantendrá hasta que se consiga una “frontera de paz”.
Santos, por su parte, ha reclamado el respeto a los derechos humanos a sus compatriotas expulsados y ha lanzado una batería de medidas económicas que buscan aliviar la economía de las regiones fronterizas de su país afectadas por el cierre de los pasos fronterizos.