Los funcionarios responsables de garantizar la seguridad pública no han logrado generar confianza o esperanza entre los salvadoreños. La abrumadora mayoría de sus actuaciones y declaraciones no se perciben como genuinas, sino como artilugios, medias verdades o crasas mentiras que buscan excusar o justificar su mal desempeño, encubrir intenciones mezquinas o manipular el temor ciudadano.
La dinámica de su gestión ha sido así de complicada desde el principio. Comenzaron con pie izquierdo. La fuerte vinculación partidaria de estos burócratas contagió de escepticismo a la mayoría de ciudadanos. Resultaba difícil creer que personas, cuyo mérito profesional se caracterizaba principalmente por su militancia en el partido oficial y sus posturas ideológicas radicales e inamovibles, de la noche a la mañana, como quien apaga un foco, relegaran su lealtad partidaria a un segundo plano y dejaran de ser políticos convirtiéndose mágicamente en técnicos, profesionales especializados en seguridad y criminalidad.
Estos funcionarios fueron recibidos con un nivel de escepticismo mayor del normal, debido a la oscura negociación entre el Estado y las pandillas propiciada por sus antecesores. Durante “la tregua” los salvadoreños experimentaron en carne propia la indiferencia, cinismo y abandono de un gobierno administrado por políticos dispuestos a sacrificar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos para lograr la consecución de objetivos partidarios. La instrumentalización política de las pandillas, en detrimento de la seguridad pública, reveló a los salvadoreños el lado más oscuro de sus políticos.
Después de ese desagradable episodio, un gabinete de seguridad dirigido por militantes del oficialismo, lógicamente no generó confianza sino dudas y sospechas. Los actuales funcionarios profundizaron este sentimiento muy temprano en su gestión con su discurso ambiguo sobre la negociación con cabecillas pandilleros. Utilizando acrobacias semánticas, dejaban abierta la posibilidad para que esta trascendiera períodos presidenciales.
La posibilidad de que una medida tan impopular y fuertemente cuestionada continuara, alimentó la desconfianza generada por el gabinete de seguridad político nombrado por Sánchez Cerén. Desde allí se dejó claro que el abordaje de la crisis delictual sería político. Así ha sido.
Las declaraciones, justificaciones, manipulaciones y posturas de los funcionarios de seguridad, en relación a temas críticos, se han encargado de confirmar esa percepción inicial. Además, han dejado evidenciado el descaro y la facilidad con que mienten los burócratas de alto rango a los salvadoreños.
La explotación de la angustia colectiva derivada de la inseguridad, se ha vuelto una de las principales estrategias estatales. La lógica detrás de esta maniobra es aprovechar los efectos de la alta incidencia delincuencial sobre la ciudadanía para justificar la implementación de ciertas medidas, atacar a personas o entidades que representan un obstáculo para alcanzar objetivos partidarios, o generar apoyo para acciones que, bajo condiciones normales, no lo tendrían. El ejemplo más reciente es la aprobación de un impuesto para la seguridad.
El partido oficial ha gozado, desde el gobierno de Mauricio Funes, de presupuestos robustos, que superan en cientos de millones de dólares al de sus antecesores. Los pobres resultados de su gestión, además de sugerir que la seguridad no es prioridad para el oficialismo, también indican que no se han administrado los fondos de forma eficiente. Informes preparados por entes extranjeros revelan que el gasto estatal en seguridad en El Salvador se distingue por ser poco inteligente, destinando la mayor parte a rubros que no tienen un impacto significativo sobre la dinámica delictual. Aumentar los recursos sin antes ordenar y optimizar los ya disponibles, solo profundizará la ineficiencia presupuestaria de este gabinete conformado por militantes partidarios. Los ciudadanos debemos de exigir la instauración de mecanismos de contraloría ciudadana que permitan vigilar el destino de los limitados recursos con los que cuenta el país y no dejar que se firmen cheques en blanco con su nombre.
*Criminólogo.
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