Las firmas contratadas en 2012 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) recomendaron en varias sesiones de junta directiva de la autónoma priorizar un arbitraje internacional para resolver todos los costos adicionales que planteaba el contratista italiano Astaldi y pagar, según la supervisión y el valúo del proyecto, “sólo por obras ejecutadas”.
Esto, según las firmas asesoras de la Comisión, los bufetes Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, se fundamentaba en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que indica que las partes contractuales podrán acordar un mutuo acuerdo sin más responsabilidad que la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o los bienes entregados y recibidos, detallan actas de junta directiva de la autónoma.
En este sentido el ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, realizó varias consultas a la Corte de Cuentas de la República (CCR) previo a firmar el arreglodirecto con Astaldi. De todas estas es de subrayar que a finales de junio de 2012 el entonces coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, le recuerda a la autónoma que “se debe de apegar a las disposiciones legales aplicables”, entre ellas la LACAP.
Al respecto, el acta de Junta Directiva de CEL3527, consultada por El Diario de Hoy, cita esta correspondencia de la Corte y reconoce que es procedente efectuar la liquidación del contrato “a efecto de determinar el derecho económico que corresponde al contratista, con base al artículo 95 de la LACAP”.
“Utilizar la figura de mutuo acuerdo en el proceso de búsqueda de soluciones a la problemática existente está en concordancia con el principio de legalidad (…) por ello se considera correcta la actuación de la Junta Directiva de CEL”, sintetiza el documento de la paraestatal.
Además, cabe destacar que el acta, con fecha del 5 de julio de 2012 (seis días antes de que se firmara el Acuerdo de Arreglo Directo) la directiva de CEL delegó a Samour los trámites del procedimiento, la negociación de los puntos controvertidos y la toma de acuerdos, según lo dispuesto en el punto V de la sesión 3520 de fecha 1 de junio de 2012 y en el punto I de la sesión 3521 de fecha 5 de junio de 2012.
Previo a ello, el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, enfatiza que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y recuerda que se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos “incrementales o adicionales” que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía. Esta fue al final la solución que se planteó pero que no se cumplió por parte de la autónoma al redactar el arreglo directo y negociar cuatro cuotas para pagar a Astaldi.
De este modo es importante enfatizar que el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012 deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio Euroestudios-Ingetec), el valor de la obra era del orden de $85 millones, lo cual confirma que nunca se definió, en los acuerdos de junta directiva, un sobreprecio o pago adicional en las negociaciones previas a la firma del Acuerdo.
En este punto tanto Samour como el ex presidente Mauricio Funes defendieron que en los $108.5 millones se incluyera un pago adicional de $28.7 millones como parte de un “costo-beneficio”para evitar un arbitraje internacional.
“Si nos íbamos a un arbitraje ante un tribunal extranjero el costo para el país iba a ser mayor, encontramos la mejor solución para el proyecto y evitamos demandas contra el Estado”, justificó en su momento Funes.
Por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo considera que el excedente cancelado no debía que incluirse en el arreglo directo y que eso formaba parte de otro procedimiento legal porque no estaba contemplado en la LACAP.
Además recordó que la CCRno es una institución que tenga como facultad brindar opiniones sobre decisiones que deben de tomar los funcionarios públicos.
“Hubo una extra limitación en conceder el pago por evitar el litigio internacional. Eso debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado el contrato. No hay base legal para pagar dinero adicional en la ley”, dijo el jurista.
Incluso Bertrand opina que en un escenario de conflicto ante un tribunal fuera del país, el Estado y CEL “podía ganar”, sobre todo porque Astaldi conocía los problemas en el margen derecho de la montaña y realizó un mal manejo del dique donde se asentaría la presa del megaproyecto, según el estudio de supervisión de Euroestudios-Ingetec en 2010.
Asimismo los italianos firmaron un contrato “llave en mano”, el cual obliga al contratista a responder sin cambios en condiciones, plazos ni montos.
Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó en total $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.
Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió —con técnicos y supervisores de la autónoma— que sólo se construyó el 29.29 % de la presa El Chaparral, algo que también esta detallado en un informe de la Dirección de Auditoría Cuatro de la Corte de Cuentas de diciembre de 2014 y que no es abordado con profundidad en el informe final de junio pasado con el que el caso pasó a la etapa de Juicio de Cuentas.
Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71%, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.
Este periódico ha buscado la posición del apoderado legal y presidente de Astaldi en El Salvador, Mario Pieragostini, pero, a través de su secretaria, se notificó en la última solicitud de entrevista que el proyecto de El Chaparral está concluido para la empresa por haber finalizado la relación contractual que le dio origen.
Las actuales autoridades de CELhan confirmado que el proyecto costará $71 millones más debido a cambios en el diseño, sobre todo en la construcción del dique de la presa en la margen derecha de la montaña, el cual se moverá 570 metros aguas arriba del Río Torola, lugar donde se construirá la