La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) instó ayer a que antes de pensar en un nuevo impuesto para la seguridad se revisen los gastos del Estado y se aborde la eficiencia y efectividad del gasto público.
“La primera opción para la obtención de recursos debería ser la optimización, la eficiencia en la ejecución del presupuesto y la reorientación de fondos desde otras áreas menos prioritarias; por ejemplo, la revisión de la nómina del gobierno y la política de adquisiciones del Estado, además de una evaluación exhaustiva del gasto tributario”, dice la fundación en un comunicado emitido ayer, en el que también pide transparencia y rendición de cuentas.
El gobierno ha planteado la implementación de un nuevo tributo a los usuarios de las telecomunicaciones, cuyos fondos se destinarían a la seguridad pública. La propuesta ya fue presentada a la Asamblea Legislativa para su estudio.
Pero Funde destaca que el presupuesto de seguridad es uno de los más altos. “Alcanza los $798.6 millones para 2015. Por tanto, la creación de nuevos impuestos debería ser un recurso de última instancia”, dice el escrito.
Luego detalla que la suma de $140 millones al año que el gobierno estima recaudar con el nuevo impuesto para la seguridad “resultaría insuficiente” para atender la complejidad de la inseguridad.
También considera que la seguridad ciudadana es un tema prioritario de país y que en vista de que el gobierno lo ha puesto en su agenda como tema principal de las políticas públicas, el financiamiento de los planes para combatir la inseguridad “debe estar garantizado en el Presupuesto General del Estado”.
De allí que Funde indica que se vuelve necesario buscar fuentes alternativas de recursos, pero tomando en cuenta que hay un alto déficit fiscal, aumento sostenido de la deuda pública, además de un gasto público creciente.
La propuesta del gobierno contempla aplicar el 10 % a los servicios de telecomunicaciones que incluiría no solo la telefonía, sino los servicios de Internet y televisión por cable, entre otros.
Ese es otro de los puntos que Funde pide revisar. Para la fundación, ese tributo no lo deberían pagar las personas con un bajo nivel de consumo y tampoco se debería aplicar a los servicios de Internet, cable ni a la compra de bienes tecnológicos.