La nueva propuesta del gobierno, mal llamada “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, solo viene a revalidar nuestra afirmación de que en sus constantes improvisaciones, lo único que consiguen es afectar y hundir más a la población.
Y no deja de ser curioso, que este nuevo intento para recetar a los salvadoreños con más impuestos, aparezca justo en el momento en que nacía un debate por otro tema que podría afectar mucho más que este nuevo impuesto y es la intención mostrada por el gobierno para apropiarse indebidamente de los fondos de pensiones, arrebatando a los trabajadores un futuro decente como jubilados.
Este nuevo gravamen no se limita a cobrar más por llamadas, pues abarca incluso la compra de aparatos como televisores, tabletas y otros que en países civilizados ni siquiera pagan IVA, pues se les considera herramientas de navegación y por ende de acceso a la comunicación e información, que sirven para educar a las personas.
Es por ello que el anuncio de obligar a las compañías telefónicas a bajar las tarifas por llamadas, no debe considerarse un alivio, porque esa es la porción más pequeña que vendría siendo afectada con este impuesto.
En su propuesta, el Ejecutivo se refiere a un supuesto “consenso” para la presentación del nuevo impuesto, lo cual no puede estar más lejos de la realidad, considerando el rechazo masivo que la propuesta ha tenido.
También afirman que las finanzas públicas no son suficientes para sufragar la seguridad, pero no mencionan los millones que han adquirido a través de distintos préstamos con organismos internacionales y que no han ejecutado debidamente, tal como aceptó el ministro Lara en la comisión de Seguridad Pública esta semana.
El tema de los préstamos no ejecutados debería de preocuparnos a todos. Son más de 100 millones de dólares solicitados y aprobados para seguridad cuyo destino ignoramos y que nos hacen preguntar: ¿por qué insisten en obtener más fondos cuando no han sido capaces de funcionar con lo que se les ha otorgado?.
De igual forma es sospechosa la insistencia que han tenido con el tema de los 900 millones de dólares que se encuentra en análisis en la Corte Suprema de Justicia, cuando se sabe que apenas un pequeño porcentaje del mismo sería destinado a seguridad.
Agregar otro 10 % a la alta carga tributaria del país no es la mejor medida que el gobierno puede tomar.
Aquí el problema no parece ser de recursos sino de capacidad. El haber colocado funcionarios como pago a su lealtad, sin considerar sus capacidades, no solo le está pasando factura al gobierno sino también a los ciudadanos, quienes se han convertido en el blanco para corregir sus errores o falta de planes específicos.
Otro punto sumamente preocupante del recién presentado proyecto es el hecho de que estipule que todos los proyectos y actividades relacionadas al mismo, deben ser autorizadas únicamente por el presidente de la República, lo cual va en contra de cualquier democracia y resulta mucho más preocupante debido a la consistente práctica de este gobierno para imponer.
El gobierno nos debe muchas explicaciones y cuentas. Para ejemplo hay que recordar que siguen cobrando el llamado “impuesto de guerra” a la gasolina, conocido como FEFE, de 0.10 centavos de dólar por galón y que entre otros se utiliza para subsidiar a los transportistas, pero a estos no se les cancela desde el 2012, por lo que no sabemos adónde va a parar ese impuesto.
Lo único claro en todo esto es que mientras el ministerio de Seguridad no tenga planes concretos, de nada valdrá poner a su disposición todos los millones del mundo, los índices de criminalidad continuarán en ascenso.
La ciudadanía debe tener claro que entre los roles fundamentales del Estado se encuentra la prevención y combate del delito pero en estos momentos nadie conoce de planes o forma de financiamiento para cumplir su misión y los pocos esfuerzos que vemos, los que se notan, en su mayoría provienen de organizaciones no gubernamentales, alcaldías y otros con financiamiento de la cooperación internacional.
Estoy segura de que si los ciudadanos percibiéramos de ustedes planes concretos para combatir la criminalidad y delincuencia, con resultados medibles, probablemente la respuesta sería distinta a la que obtienen cuando le hablan a un país que entierra a 25 personas, víctimas de la violencia al día.
Sangrar la frágil economía de los salvadoreños no será nunca la solución a sus problemas financieros. Como tampoco lo será adueñarse del fondo de pensiones que para la mayoría representa sacrificios por décadas. Los salvadoreños necesitan que ustedes dirijan a este país hacia mejores condiciones, no que los empujen por la borda.
*Diputada.