El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) entregar información solicitada por el exdiputado de ARENA, Mario Valiente, acerca del contrato para la expansión de la Presa 5 de Noviembre.
La resolución del IAIP desestimó el argumento de la CEL de que dicha información es de carácter reservado. Además, le ordena a la autónoma cumplir con una resolución emitida el 19 de mayo por el Instituto, en la cual le ordena entregar la información al exlegislador.
En esa resolución, el Instituto también ordenaba a la CEL “desclasificar” la información solicitada por Valiente. La misma incluía la adjudicación del proyecto de expansión de la central hidroeléctrica y el expediente del contrato No. CEL-4647-S para la supervisión del levantamiento de dicha obra, en manos de la empresa brasileña Queiroz Galvao, la cual ha sido ligada al escándalo de corrupción de Petrobras.
También solicitaba la actualización del estudio de factibilidad, validación de análisis ambiental, diseño y especificaciones técnicas para la realización de la obra. Dicha información debía ser entregada por la CEL en un plazo máximo de cinco días.
En su resolución de ayer, el IAIP acuerda dejar sin efecto el recurso mediante el cual la CEL pide revocar la medida del Instituto, que le obligaba entregar los datos al exdiputado.
El documento señala que, de no entregarse dicha documentación, el IAIP podía iniciar un proceso sancionatorio contra la autónoma.
“Estese a lo dispuesto en la resolución emitida por este Instituto a las quince horas y cincuenta minutos del 19 de mayo de 2015 y cúmplase con ella en los plazos establecidos, bajo pena de proceder al inicio del procedimiento sancionatorio”, dicta la resolución.
No obstante, a juicio de Valiente, la CEL buscará algún recurso adicional para no entregar la información, como acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el IAIP le imponga una multa por incumplimiento de la resolución donde le ordena entregar la documentación al exlegislador tricolor.
“¿Qué es lo que creo yo que va a pasar con la (Presa) 5 de Noviembre?, que van a apelar a la Sala de lo Contencioso Administrativo y allí puede dormir el sueño de los justos, por fallos en el procedimiento, los cuales no ha habido, lo puedo garantizar, en absoluto”, manifestó.
“Proceso viciado”
Según el exdiputado tricolor , él tomó la decisión de solicitar toda la información referente a la expansión de la Presa 5 de Noviembre porque, a su juicio, el proceso “está viciado”.
“Yo sé que el estudio de factibilidad decía (que costaría) no más de $164 millones, y yo tenía información en ese momento que me dijo que compraron el cartel (de licitación) 20 empresas y a la hora de presentar la oferta solo se presentó Queiroz Galvao… Días después apareció inflada (la oferta) como en 25 millones para llegar a los $190 millones con 25 o 30 millones más de la que estaban presentando. ¿A quién le repartieron ese dinero?”, cuestionó Valiente.
Asimismo, señaló que la CEL pasó por encima de la ley al declarar la información reservada, en vista de que se trata de un contrato público.
“La información que pedíamos era todo, desde las bases de licitación hasta cómo llegaron a adjudicar, porque todo ha sido un misterio, todo lo declararon información reservada, pasando encima de la ley, si la ley claramente indica qué es información reservada y oficiosa, si este es un contrato público”, aseveró.
Este proyecto fue adjudicado en enero de 2013 bajo la administración del expresidente de CEL, Leopoldo Samour, en el gobierno de Mauricio Funes.
Tal como lo publicó ayer El Diario de Hoy, la CEL decidió la semana anterior liquidar el contrato con la firma Intertechne, también ligada a Petrobras, que se encargaba de la supervisión y consultoría en la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.
La decisión fue tomada porque, de acuerdo con la CEL, la empresa brasileña había retrasado e incumplido algunos de sus servicios, además de no presentar un plan contingencial para corregir las diversas irregularidades.
Valiente dijo, además, que está pendiente de una resolución del IAIP relacionada a otra solicitud de información sobre el contrato para la construcción de la presa El Chaparral, acerca del valúo y quién ordenó el pago de los $108 millones del Estado en un arreglo directo con la empresa Astaldi, bajo el argumento de buscaba evitar que el caso llegara a arbitraje internacional.
“Yo no pedí los contratos, sino quien hizo los valúos y quien ordenó el pago de los $108 millones, porque, que yo sepa ni hubo un arbitraje ni una orden de un juez”, sostuvo el exlegislador.