Como sus vecinos guatemaltecos, Honduras ha despertado en contra de la corrupción, pero sus habitantes siguen divididos, como hace seis años, cuando fue derrocado Manuel Zelaya. En las calles, el hondureño promedio expresa que la corrupción es un problema que ha empobrecido al país centroamericano desde hace muchos años. Muchos coinciden en que es necesaria una institución como la Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que funciona en Guatemala (Cicig).
Mientras que centenares de ciudadanos hacen presión en las calles y bulevares, exigiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández y pidiendo una comisión internacional contra la impunidad para investigar la corrupción, otros están satisfechos por la gestión del mandatario y afirman que las marchas se han desnaturalizado y son contaminadas por los políticos.
Óscar Alberto Hernández, de 66 años, es un motorista hotelero y exjugador del equipo de fútbol Motagua. Mientras hacemos un recorrido por el centro de la ciudad de Tegucigalpa, cuenta que “su país va mejorado poco a poco y va por un buen camino, desde que llegó el presidente Juan Orlando Hernández”.
“Yo hablo con muchos hondureños y coincidimos que este señor (presidente de la República) está trabajando y se ha visto un cambio comparado con los anteriores. Los hondureños no queremos más corrupción ni ser manipulados por los políticos. Queremos paz y un buen ambiente para progresar, pero estamos divididos”, expresa Hernández.
Otros ciudadanos difieren con la opinión del exfutbolista. Son quienes todos los viernes salen, desde hace dos meses, a las calles para caminar desde la colonia John F. Kennedy a la Casa Presidencial, para pedir la renuncia del mandatario, a quien acusan de ser parte de la corrupción.
El viernes pasado, a las 5:30 de la tarde, marchó por novena vez bajo una fuerte tormenta el denominado grupo de “Las Antorchas”, que exige una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH). (Ver tercera entrega el miércoles).
En programas de opinión en la televisión local, analistas políticos y figuras públicas coinciden en que las marchas de “Los Indignados” y de “Las Antorchas” perdieron su naturaleza desde la tercera protesta, cuando figuras políticas como diputados, dirigentes políticos y representantes de partidos políticos las tomaron como instrumentos para pedir la destitución del presidente.
Los periódicos y noticieros también sacaron de sus primeras páginas y portadas las noticias relativas a las protestas. El día siguiente, algunos se limitaron a publicar una nota de cuatro párrafos.
“Los políticos son los responsables de haber contaminado el clamor popular. Se ha desnaturalizado y contaminado. Yo por eso ya no participo”, expresa el propietario de una cervecería, Leopoldo Lima, mientras mira las decenas de personas marchando hacia Casa Presidencial.
En los noticieros locales predomina más las noticias de la recién aprobada ley contra las pandillas, en la cual se incrementó la pena de cárcel a 50 años para los cabecillas de las pandillas.
Alexánder Suárez, un empresario propietario de cinco hoteles en Tegucigalpa, dice que “una CICIH debería de ser un apoyo para un Ministerio Público y no un enemigo para el gobierno o grupo político”. Para Suárez, la situación de violencia y delincuencia que vive Honduras es igual de preocupante como la corrupción que existe y que no han querido investigar.
Desde el centro de la ciudad inicia la caminata hacia la parte alta de una de las principales calles de Tegucigalpa. La mayoría lleva una antorcha y pañoletas con leyendas en contra del presidente y la corrupción. Al llegar al sitio de concentración, sobra quien le regale fuego a otros para sumarse a la marea de luces.
Los más activos aprovechan las cámaras de los periodistas para gritar “¡Fuera JOH, fuera JOH!”, refiriéndose a las iniciales de Juan Orlando Hernández.
“Esta es nuestra lucha, así le queremos demostrar al presidente que estamos en desacuerdo por la corrupción que ha permitido en el Gobierno y su partido político”, dice uno de los manifestantes a El Diario de Hoy.
Pero parece que al presidente hondureño los gritos de los inconformes no significan nada. Es más, no los oirá. El presidente se encuentra desde hace tres días en una gira por Japón y Taiwán, buscando cooperantes y refortaleciendo la solidez de los lazos bilaterales.
Sin embargo, el presidente de Honduras se unió a ese clamor popular de tener ayuda internacional semanas atrás: propuso un Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad (SIHCCI), que pueda ser dirigido por jueces y fiscales nacionales y extranjeros.
Pero no habla de una CICIH como la creada en Guatemala, la cual en el último año ha logrado el desmantelamiento de más de 30 redes de corrupción que llegan a los más altos niveles de gobierno, incluyendo al presidente y vicepresidenta de la República.
El 23 de junio pasado, el presidente hondureño anunció un diálogo nacional para tratar temas como la corrupción y la impunidad. Ese mismo día, hizo pública la necesidad de un apoyo de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El mandatario destacó que junto con las iglesias cristianas (Católica y Evangélica), la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), se formará un equipo “para desarrollar un sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Para los grupos de “Los indignados” y “Las Antorchas”, la propuesta de Hernández no es suficiente. Piden una instancia que no esté ligada al gobierno y otras instituciones públicas y privadas.
Mel Zelaya también dice que lo que propone el presidente es una agenda. “Diálogo es cuando a uno le dicen. Oíme, quiero hablar con vos. Vos, ¿qué querés? Pero eso que propone no es un diálogo. Uno se abre a escuchar lo que la gente quiere y él quiere imponer la agenda y eso no es diálogo”, agregó Zelaya.
Los grupos de choque de Zelaya y varios simpatizantes del partido de izquierda Libertad y Refundación (Líder), que también marchan los viernes para pedir un cese a la impunidad, realizaron un hecho que ha sido repudiado por muchos hondureños y catalogado como “un acto vandálico”.
La turba se apostó frente a la entrada principal de la CSJ y tras conocer que el periodista David Romero se encontraba en un juicio donde es procesado por los delitos de difamación y calumnia, votaron los portones ante la mirada de unos cuantos antimotines.
La turba tumbó la puerta de la Sala IV del Tribunal de Sentencia y acuerpó al periodista Romero, para que se refugiara en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos. (Ver tercera entrega el miércoles).
Desde esa fecha, la Casa Presidencial y la Corte Suprema se encuentran sitiadas por militares y policías. Las escenas hacen recordar junio de 2009, cuando hubo disturbios generados por la caída de Zelaya.
Ante eso, la OEA escuchó al presidente Hernández y la semana pasada nombró al diplomático y abogado chileno John Biehl del Río como un facilitador especial para el diálogo nacional. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que la presencia de Biehl promoverá la mayor participación posible de todos los actores políticos y sociales.
El diplomático desarrollará “una agenda que satisfaga las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño de procurar la construcción de un consenso para el combate a la corrupción, y la impunidad”, detalla el comunicado que emitió la OEA recientemente.
Biehl del Río llegará esta semana a Honduras y espera tener iniciar su trabajo con reuniones y propuestas de diferentes sectores.
Corrupción salpica oficialismo
Las marchas en Honduras tomaron fuerza tras el anuncio de una investigación que ha iniciado desde hace meses el Ministerio Público, en la cual se calcula un desfalco de casi 300 millones de dólares en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha revelado los niveles de corrupción que existe en las instituciones públicas de Honduras.
Esa ha sido la investigación más relevante que involucra al poder político, principalmente a varios funcionarios del partido oficial que llevó al poder al expresidente Pepe Lobo y el actual Juan Orlando Hernández.
La referida investigación señala a la vicepresidenta del Congreso del partido de Gobierno, Lena Karin Gutiérrez, de ser la propietaria junto con su familia de la empresa que participó en compras sobrevaloradas de medicinas y equipo para los hospitales del Seguro Social (ver segunda entrega mañana).
El Ministerio Público acusó a 16 funcionarios y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), incluyendo a Lena Karin, su padre y dos hermanos más, como los supuestos socios de la empresa que participó en las compras de medicinas amañadas.
La acusación prosperó de inmediato y después de varias semanas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, dictó orden de captura contra Gutiérrez.
Gutiérrez nunca puso un pie en una cárcel. Durante la audiencia inicial los jueces la beneficiaron y le ordenaron arresto domiciliar junto a sus parientes. Contrario a los otros señalados, quienes permanecen en una prisión mientras se realizan las siguientes audiencias.
Ya con el arresto domiciliar, los abogados de una de las principales dirigentes del partido de Gobierno hondureño pidieron que se levantara la referida orden judicial a cambio de una fianza.
Los jueces volvieron admitir la petición de los abogados y resolvieron que Lena Karin podía pagar alrededor de 20 millones de lempiras (1 millón de dólares) para que se defendiera en libertad.
El jueves 23 de julio, Gutiérrez se presentó a Corte Suprema de Justicia con su elenco de abogados. La funcionaria no iba esposada, lucía un vestido rojo y era acuerpada por un par de detectives. No entró como todos los imputados, lo hizo por la entrada de jueces.
Después de dos horas audiencia, Gutiérrez salió por la entrada principal de la Corte Suprema y con el semblante de seriedad que le caracteriza, reiteró a los periodistas que es inocente y que las acusaciones en el fraude del IHSS son falsas.
“Voy a demostrar al pueblo hondureño mi inocencia y la de mi familia. No tenemos nada que ver en esas acusaciones”, expresó la funcionaria escuetamente.
El vocero de la CSJ minutos antes había detallado a los periodistas que Lena Karin presentó la documentación legal para realizar el pago de los 20 millones de dólares.
A pesar de la lluvia de preguntas de los periodistas de conocer cómo obtuvo el dinero, Lena Karin no respondió y se marchó por el camino exclusivo de los jueces y personas importantes.
La decisión judicial fue la gasolina para que al día siguiente, los integrantes de “Las Antorchas” y “Los Indignados”, gritaran su repudio a la orden judicial.
Los protestantes no quieren que la justicia se siga burlando de su pueblo y piden que la ley sea aplicada a todos por igual.