Tras siete meses de tener en sus manos una petición para avalar o no que la información sobre gastos de publicidad, viajes, entre otros datos, en la presidente de Mauricio Funes sea pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aún no resuelve el recurso que interpuso Funde-Alac (Fundación nacional de desarrollo junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción).
Las entidades piden que el Instituto determine si los gastos de viaje del expresidente Funes, los informes de auditoría desde la época del expresidente Antonio Saca, los gatos protocolarios de atención a funcionarios internacionales y los gastos de publicidad son reservados o no.
Los gastos de esos cuatro rubros estaban en reserva por un tiempo de 7 años.
Si bien el IAIP resolvió el 18 de diciembre del año pasado la petición de Funde-Alac sobre esos cuatro rubros, su respuesta fue que esa información era reservada, incluyendo la relacionada a la logística de seguridad y transporte del Presidente de la República y de la Primera Dama, durante las misiones oficiales internacionales en el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
Sin embargo, el IAIPordenó a la Presidencia de la República que le entregara a Funde-Alac la información sobre los gastos globales de publicidad y los informes de auditoría.
Pero la entidad peticionaria se mostró en desacuerdo con la resolución emitida por el IAIP por considerar que todos esos gastos son públicos y ante ello puso un recurso para que el Instituto revoque su resolución del 18 de diciembre de 2014.
A Funde-Alac le preocupa que desde el 7 de enero de 2015 que presentó la petición para revertir la decisión del IAIP han pasado 7 meses y aún no ha resuelto.
El director de Alac, Roberto Burgos, dice que aún están esperando un pronunciamiento por parte del Instituto porque ya pasó mucho tiempo desde que presentaron el escrito.
“Cuánto tiempo ha pasado, yo incluso me he reunido con el presidente del Instituto de Acceso a la Información y le he insistido que establezca un criterio al respecto, y en caso que no nos satisfaga nos permita recurrir, en este caso, a la Sala de lo Constitucional”, expresa Burgos.
Y aunque la Ley de Acceso a la Información Pública no establece un determinado tiempo para que el IAIP resuelva, el abogado cree que el Instituto se ha extralimitado al no tomar una decisión expedita sobre la petición que presentaron.
Al consultar al comisionado del IAIP, Jaime Campos, responde que tiene entendido que ya existe un proyecto de resolución de parte de los cuatro comisionados restantes y que “se estaría resolviendo después de las vacaciones de agosto”.
Burgos insiste en que la información de los gastos que han solicitado es pública y cita que en el caso de los viajes de la Presidencia “el artículo 10 de la Ley de Acceso de la Información establece que los viajes de los funcionarios son información que se divulgará de manera oficiosa”.
Otro de los argumentos que esgrime el abogado, en cuanto a que esos gastos no deben ser reservados, es que están pidiendo información sobre viajes ya realizados, es decir, “no se pone en peligro la seguridad de ningún funcionario”, explica Burgos.
“Todos los presidentes de la región divulgan datos sobre sus viajes, no vemos por qué éste está tan amenazado que no puede informar al respecto”, señala el abogado.
A otros sectores les preocupa el secretismo
También hay otros sectores a los que les inquieta esa lentitud para resolver. Uno de ellos es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la organización Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Javier Castro, director de asuntos legales de Fusades, también expresa que esperar mucho tiempo sin tener una resolución les parece una deficiencia de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Ojalá que en este caso el Instituto haga prevalecer el derecho de acceso a la información pública y se revoque esas declaratorias de reserva que pidió el Órgano Ejecutivo y que el Instituto de Acceso a la Información avaló en su momento”, indica Castro.
Claudia Araujo, presidenta de la organización DTJ, es de la opinión de que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la oportunidad de resolver favorablemente la revocatoria que presentó Funde-Alac, ya que todos los gastos que se están solicitando de la presidencia “son de carácter público”.
Y para Castro, uno de los problemas que han notado cuando se trata de información de tipo sensible es el “abuso” de declaratoria de reserva por parte de las instituciones. “Nos preocupa y sí hemos visto esa tendencia de que con la información que genera este tipo de sensibilidad o preocupación política la respuesta que se tiene es: declaremos reserva”, opina.
Añade que otro de los argumentos que dan las instituciones públicas cuando se les solicita la información es que la misma se encuentra “en proceso deliberativo” y terminan declarándola con reserva.
Como ejemplo menciona los contratos que firmó Tribunal Supremo Electoral (TSE) con las empresas de transmisión de datos, durante las pasadas elecciones municipales y legislativas de marzo de este año, las cuales se encuentran reservadas.
Pero mientras el IAIP aún no resuelve este caso, sí ha admitido recursos relacionados a la declaración patrimonial de los últimos tres expresidentes.
El comisionado del Instituto, Jaime Campos, indica que el jueves de la semana pasada admitieron un recurso de apelación contra la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la que Funde-Alac ha pedido el examen que hizo esa dependencia sobre la declaración de patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
Campos dice que le notificarán a Funde y a Probidad, después las vacaciones agostinas.
Luego explica que estudiarán el caso y emitirán una resolución para definir si la ciudadanía podrá acceder a las declaraciones patrimoniales de los exmandatarios.